Por: Redacción Semanario de Junín

SECCIÓN SEMANAGRO PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 533 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2026

Hay investigaciones que empiezan con una pregunta científica y terminan convirtiéndose en un problema institucional. El caso de Virginia Aparicio reúne ambas cosas. La ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del INTA y el Conicet, lleva más de dos décadas trabajando en la Estación Experimental Balcarce y buena parte de su trayectoria estuvo dedicada a medir qué sucede con los plaguicidas una vez que salen del bidón y entran al ambiente.

En 2020, esa experiencia la llevó a coordinar en Argentina el proyecto SPRINT, una iniciativa internacional financiada por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea. Su nombre responde a Sustainable Plant Protection Transition: A Global Health Approach, una investigación destinada a estudiar la presencia de residuos de plaguicidas en el ambiente, los alimentos, los animales y las personas. Argentina fue el único país extracomunitario incorporado al proyecto.

El objetivo fue rastrear la presencia de sustancias utilizadas en la producción agrícola en diferentes matrices ambientales y biológicas y conocer las mezclas de plaguicidas a las que están expuestas las poblaciones.

Para eso se analizaron muestras de suelo, productos agrícolas, animales y personas. En el muestreo humano realizado en Argentina participaron 73 personas de ciudades, localidades y establecimientos agropecuarios. Se buscaron más de 200 plaguicidas en distintas muestras. En las personas se analizaron, entre otros materiales, sangre, orina, materia fecal, hisopados nasales y pulseras utilizadas durante varios días para registrar la exposición ambiental.

El resultado central era esperado y excede cualquier discusión política sobre el modelo productivo: determinados plaguicidas aparecieron de manera reiterada en distintas matrices.

Según explicó Aparicio recientemente a Bichos de Campo, hubo sustancias que fueron detectadas en suelo, sangre, materia fecal, orina, hisopados nasales, pulseras de exposición y también en muestras biológicas animales.

Eso no significa que cada una de esas detecciones implique automáticamente una enfermedad o un daño determinado. La propia investigadora se ocupó de establecer esa diferencia. Medir la presencia de un compuesto no permite, por sí solo, establecer un efecto sanitario. Pero tampoco puede establecerse el nivel de exposición, evaluar riesgos o modificar prácticas productivas si antes no se mide qué está presente y en qué concentración.

Sprint fue un proyecto internacional financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea

¿QUÉ PASA POR ACÁ?

En el noroeste bonaerense la utilización de productos fitosanitarios forma parte de la agricultura cotidiana. Junín y los partidos vecinos están insertos en una de las principales regiones agrícolas del país, con grandes superficies destinadas a soja, maíz, trigo y otros cultivos. La aplicación terrestre convive, además, con nuevas tecnologías que permiten pulverizar desde drones, una modalidad cuya utilización fue desregulada por el Gobierno nacional en 2024.

La discusión sobre los agroquímicos suele quedar encerrada en dos posiciones enfrentadas: para unos constituyen herramientas indispensables de la producción moderna; para otros representan directamente venenos que deberían ser eliminados. La investigación de SPRINT se mueve en otro terreno, mucho más incómodo para las simplificaciones: medir qué hay realmente en el ambiente y a partir de allí tomar decisiones.

La propia trayectoria de Aparicio comenzó antes de SPRINT. Con la incorporación de equipamiento analítico más sofisticado al INTA Balcarce, la investigadora comenzó a estudiar contaminantes y trabajó sobre sustancias como la atrazina. Posteriormente participó de investigaciones que detectaron glifosato y su metabolito AMPA en suelos. Su primer trabajo científico sobre rastros de glifosato data de 2013.

Saber qué sustancias se utilizan, dónde terminan, cuánto tiempo permanecen y qué exposición generan permite corregir aquello que pueda ser corregido y confirmar aquello que esté funcionando adecuadamente.

En los informes entregados a participantes argentinos de SPRINT también quedó explícito que el proyecto no pretendía realizar una interpretación sanitaria individual de los resultados. El objetivo inicial era mapear qué sustancias aparecían, dónde y cuáles eran las mezclas más frecuentes. La evaluación de los efectos de las concentraciones y combinaciones debía formar parte de etapas posteriores.

La investigación avanzó hasta que los primeros resultados comenzaron a generar resistencia dentro del propio INTA.

En 2023 el organismo prohibió a Aparicio difundir públicamente las mediciones y se suspendió una presentación destinada a devolver información a los participantes.

La persecución a Virginia Aparicio no comenzó con Milei: es la continuidad de una política sostenida por gobiernos consecutivos, alineada con el lobby agroindustrial

En diciembre de ese año, mediante la resolución 1081/2023, el entonces presidente del INTA, Mariano Garmendia, dispuso discontinuar la participación institucional del organismo en SPRINT.

Los resultados, sin embargo, continuaron su recorrido científico internacional y fueron publicados en trabajos académicos aun después de la salida del INTA.

La historia dio otro giro a fines de 2024, cuando comenzaron las consultas internas sobre la participación de Aparicio en el proyecto, y a comienzos de 2025 la investigadora fue citada a declarar en un sumario administrativo.

Según su abogado, Mario Bolla, el expediente le atribuye ocho hechos y contempla como posible sanción la exoneración, que implicaría perder el cargo y quedar impedida de volver a ingresar a organismos del Estado nacional. La defensa rechaza, entre otras cuestiones, la existencia de un supuesto perjuicio material grave para la administración pública y señala que el proyecto había sido financiado con fondos europeos.

Mientras el expediente sigue su curso, la investigadora sostiene que la situación modificó incluso su relación cotidiana con sus compañeros de trabajo. Contó que recibe mensajes de apoyo pero que muchos colegas evitan exteriorizarlo dentro de la institución. También señaló que dejó de disponer de un nuevo equipo analítico incorporado por el organismo y continúa utilizando el cromatógrafo con el que comenzó buena parte de sus investigaciones hace unos veinte años.

En 2021 se analizaron 209 sustancias activas con usos múltiples como plaguicidas, biocidas o medicamentos veterinarios

En una región donde millones de hectáreas reciben aplicaciones de productos fitosanitarios, conocer qué ocurre con esas sustancias después de la pulverización no es un lujo académico.

La agricultura necesita herramientas para producir, pero también necesita conocer los efectos de las herramientas que utiliza. Un sistema productivo que mide puede corregir y reducir exposiciones innecesarias, modificar prácticas, mejorar aplicaciones y establecer controles más precisos.

En todo caso, también puede demostrar que determinadas prácticas no generan los efectos que algunos les atribuyen.

Por eso el caso de Virginia Aparicio no debería quedar reducido al expediente administrativo de una investigadora del INTA Balcarce. Detrás de SPRINT hay una investigación que recorrió suelos, alimentos, animales y cuerpos humanos para establecer qué residuos de plaguicidas están presentes en el ambiente.

Ese registro abre una línea de investigación que todavía tiene mucho por recorrer: determinar cómo interactúan esas sustancias, cuánto tiempo permanecen, cuáles son las vías de exposición y qué consecuencias pueden tener las concentraciones encontradas.

Los residuos de plaguicidas fueron buscados y encontrados en diferentes muestras, incluso en personas que participaron voluntariamente del estudio.

Cualquier debate serio sobre el uso de agroquímicos en una región como la nuestra debería partir de ese tipo de información y no de suposiciones.

En ese sentido, el trabajo de Virginia Aparicio y del equipo de SPRINT aporta un elemento que suele escasear en estas discusiones: datos obtenidos a partir de muestras y análisis de laboratorio. A cambio trae una peligrosa persecución que por parte de un gobierno al que no le importan más que los negocios empresariales.