La Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a tres ministerios bonaerenses a trabajar activamente en ese problema, ya que detectó falencias en el monitoreo, la fiscalización y la realización de estudios epidemiológicos relevantes, además de en la comunicación con los municipios.

La Defensoría realizó una investigación de oficio en los municipios de Marcos Paz y Luján. En el primero, un estudio de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) había detectado agroquímicos en el agua de consumo de escuelas rurales; en el segundo, organizaciones ambientalistas habían realizado un mapeo de la localidad de Carlos Keen, que demostraba el peligro que supone la cercanía de las áreas de fumigación con establecimientos educativos.

La titular del área de Ambiente de Marcos Paz, Cecilia Botto, había explicado las dificultades que supone para el municipio controlar efectivamente la fumigación, cuya fiscalización corre por cuenta del Ministerio de Desarrollo Agrario, a cargo de Javier Rodríguez.

Por su parte, el investigador de la UNLP Andrés Porta, que formó parte del equipo que analizó el agua de escuelas rurales de Baradero, había insistido en que el Ministerio de Salud debería realizar estudios epidemiológicos para determinar qué impacto tiene el uso de agroquímicos en esas zonas.

La Defensoría formuló recomendaciones para proteger la salud de los niños y docentes y también instó a varias dependencias del gobierno de Axel Kicillof a tomar cartas en el asunto.

“Durante la investigación, la Defensoría solicitó informes a distintos organismos provinciales y municipales. El Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires confirmó que, en el caso de Marcos Paz, la fumigación se realizó dentro del perímetro de exclusión, sin receta agronómica ni habilitación correspondiente, por lo que sancionó a la empresa responsable. La Universidad Nacional de Luján, por su parte, aportó un estudio que concluyó que la totalidad de las zonas urbanas del partido se encuentra a menos de 3000 metros de cultivos fumigables, con Carlos Keen entre las localidades de mayor exposición potencial”, detalló el organismo.

Además, “señaló que no obtuvo respuesta de los Ministerios de Ambiente y de Salud provinciales, ni de la Municipalidad de Luján, lo que evidenció debilidades en la articulación interinstitucional para abordar esta problemática”.

La Defensoría nacional realizó sendas exhortaciones a tres ministerios, un municipio y un organismo autárquico para que actúen sobre el problema. Encomendó:

- Al Ministerio de Ambiente provincial, “implementar programas de monitoreo ambiental de agroquímicos en agua, suelo y aire cerca de escuelas, y garantizar el acceso público a esa información”.

- Al Ministerio de Salud provincial, “realizar estudios epidemiológicos sobre poblaciones expuestas, especialmente niños, niñas, adolescentes y trabajadores rurales, y crear registros de intoxicaciones asociadas”.

- Al Ministerio de Desarrollo Agrario provincial, “fortalecer la fiscalización de las aplicaciones, revisar las distancias mínimas de resguardo con criterios científicos actualizados y promover la producción agroecológica”.

- A la Municipalidad de Luján, “reforzar el control local de fumigaciones y establecer protocolos de actuación inmediata ante episodios de deriva cerca de escuelas”.

- A la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), “incorporar determinaciones específicas de agroquímicos en sus monitoreos de agua y sedimentos”.