Cuando se habla del aislamiento actual y de la pérdida de conectividad por la caída de los servicios de colectivos en el partido de Junín, no se está señalando un hecho fortuito. Se trata del síntoma más reciente de una problemática estructural y de larga data.

Para las localidades más pequeñas del distrito —como Morse, Agustín Roca, Fortín Tiburcio, Saforcada, Laplacette o La Agraria— la conectividad no es una comodidad; es la diferencia crucial entre el arraigo y el éxodo. A lo largo de un siglo, estas comunidades pasaron de ser nodos importantes del desarrollo productivo a convertirse en territorios postergados que hoy intentan, todavía de manera incompleta, saltar la brecha analógica y física que los separa de la ciudad cabecera.

A finales del siglo XIX y principios del XX, la conectividad regional no se medía en megabits, sino en kilómetros de vías férreas y tendidos telefónicos. El nacimiento y esplendor de estos pueblos ocurrió al calor de las líneas del Ferrocarril San Martín y el Central Argentino. Sus estaciones funcionaban como verdaderos pulmones económicos, uniendo la producción agrícola directamente con el puerto de Buenos Aires y facilitando el traslado diario de los vecinos hacia Junín y otros puntos intermedios.

En paralelo al movimiento de los rieles, la llegada de empresas pioneras como la Unión Telefónica, las cabinas públicas y las primeras cooperativas telefónicas rurales expandieron la comunicación por voz, consolidando una era donde las localidades se sentían plenamente integradas al mapa nacional.

Este ecosistema integrado comenzó a desmoronarse en la segunda mitad del siglo XX a raíz de profundas políticas de desinversión y centralización. El primer impacto destructivo fue el golpe ferroviario: la privatización y posterior cancelación masiva de los trenes de pasajeros durante la década neoliberal de 1990 clausuraron el cordón umbilical de la ruralidad. Pueblos como Fortín Tiburcio o Laplacette perdieron su transporte troncal, y la movilidad diaria quedó relegada exclusivamente a rutas provinciales y caminos de tierra que, ante la falta de mantenimiento, se vuelven intransitables con cada lluvia.

Por otro lado, se produjo un despliegue comercial asimétrico. Con el advenimiento de Internet a fines de los 90, el sector privado concentró sus inversiones tecnológicas en la ciudad de Junín para consolidarla como polo regional. Por el contrario, los pueblos circundantes fueron postergados bajo el argumento de la "baja rentabilidad comercial" debido a su menor densidad demográfica. Sin fibra óptica ni antenas móviles de alta velocidad, las economías locales se estancaron y las generaciones jóvenes se vieron empujadas a emigrar. Y a esta conectividad digital, le sobrevino la física. Pasaron a depender de las empresas de colectivos para poder viajar.

La conectividad rural es fundamental para evitar el éxodo de las comunidades y el derecho a la movilidad no debe regirse por la rentabilidad comercial

EL VERDADERO IMPACTO DE LA DESCONEXIÓN

Para dimensionar la gravedad del escenario actual, es necesario visibilizar variables críticas que impactan directamente en la calidad de vida y que exceden al transporte básico:

Desarraigo y demografía: La falta de frecuencias regulares provoca un envejecimiento poblacional asimétrico. Los estudiantes secundarios y universitarios se ven obligados a mudarse definitivamente a Junín ante la imposibilidad material de viajar todos los días.

Urgencias de salud pública: Ninguno de estos pueblos cuenta con centros médicos de alta complejidad. Ante una emergencia nocturna o en días de temporal, la falta de colectivos o de caminos consolidados transforma un traslado de 30 kilómetros hacia el Hospital Interzonal en una odisea que pone en riesgo la vida.

Exclusión bancaria y comercial: La ausencia de sucursales bancarias obliga a los adultos mayores a trasladarse a la ciudad cabecera solo para cobrar sus jubilaciones o realizar trámites previsionales, transformando un derecho básico en una complicación logística costosa.

Desarraigo, impacto en la salud y actividades cotidianas: La desconexión necesita un cambio de paradigma que evite la brecha entre los pueblos y sus ciudades cabeceras

El ‘Modelo Junín’: "arréglese como pueda"

La única compañía física de los pueblos con la cabecera es el servicio urbano de pasajeros. Empresas que persiguen la rentabilidad comercial y modifican sus prestaciones según el volumen de usuarios y el costo de sus unidades. Junín padece esta situación y, lo que es peor, carece de respuestas por parte de su conducción política local para ofrecer alternativas a las leyes del mercado.

Frente a este paulatino aislamiento, las miradas apuntan inevitablemente al Palacio Municipal. La gestión local —marcada por la línea de continuidad entre el ex intendente y actual senador Pablo Petrecca, y el interino Juan Fiorini— se encuentra en el ojo de la tormenta, sumando severos cuestionamientos por su alarmante apatía institucional. Lejos de asumir un rol proactivo, el Ejecutivo ha optado por una postura de brazos cruzados.

Sectores de la oposición y comisiones vecinales denuncian que la intendencia no ha impulsado subsidios de emergencia ni ha articulado esquemas alternativos —como combis o minibuses comunales— para garantizar los traslados esenciales. Esta desconexión física no es un hecho aislado: coincide con históricos reclamos por la profunda asimetría en la prestación de servicios entre los barrios céntricos y una periferia olvidada. Mientras el debate se estanca localmente, en el territorio el veredicto es unánime: para el municipio, los habitantes del interior siguen siendo ciudadanos de segunda.

Una propuesta de integración estatal

Ante la inacción oficial, la legisladora Valeria Arata presentó una iniciativa legislativa para crear el Sistema Bonaerense de Transporte, buscando atender las necesidades urgentes de las pequeñas localidades. El proyecto propone un cambio de paradigma clave: romper el criterio de la rentabilidad comercial. La propuesta estipula que el transporte hacia las delegaciones rurales deje de depender del volumen de pasajes vendidos y comience a ser garantizado por el Estado como un derecho fundamental.

Este marco busca resolver situaciones críticas específicas que se replican en todo el interior bonaerense. Por un lado, atiende el histórico reclamo de Saforcada para extender las líneas del transporte urbano de Junín hasta sus accesos. Por el otro, busca devolverle la regularidad de servicios a Fortín Tiburcio, cuyos habitantes hoy sufren costos de traslado prohibitivos. La meta final es consolidar un esquema de financiamiento público-privado que asegure que ningún habitante del interior quede aislado de la salud, la educación y el trabajo. Garantizar la comunicación y la movilidad son derechos fundamentales, y urge empezar a ejercerlos.