Denunciaron a Luis "Toto" Caputo y a la cúpula de Transporte por estrago y abandono vial. En una jugada de fuerte impacto político y judicial, los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, integrantes de Reset Republicano y del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), formalizaron una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y una extensa nómina de funcionarios nacionales.

Entre los acusados figuran el secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich; el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Francisco Díaz Vega; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy; el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, junto a su directorio y sindicatura.

La presentación judicial apunta a la posible comisión del delito de estrago (artículo 189 del Código Penal). El eje central del reclamo radica en la deliberada subejecución de los fondos presupuestarios y fiduciarios destinados al mantenimiento del Sistema Vial Integrado (SisVial).

Según advierten desde las organizaciones denunciantes, el vaciamiento de recursos —sumado a la persistente recaudación de la Tasa sobre el Gasoil que se desvía de su destino específico— generó un deterioro crítico de la red caminera nacional.

Para los letrados, este combo de abandono e inacción estatal no solo destruyó la infraestructura, sino que disparó de manera directa los índices de siniestralidad y muertes en las rutas.

Asimismo, la denuncia advierte que el Gobierno nacional no solo se desentendió del mantenimiento de los caminos, sino que frenó la producción de informes oficiales periódicos para intentar ocultar la magnitud del colapso vial, configurando una presunta violación sistemática de los derechos humanos de los transeúntes.

VACANCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

En sintonía con el frente abierto por el estado calamitoso de los caminos, las mismas organizaciones apuntaron contra la parálisis institucional que agrava la indefensión de los ciudadanos. Magioncalda, Fazio y Matilla ampliaron su ofensiva judicial al ámbito parlamentario mediante una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público dirigida contra los integrantes de la comisión legislativa encargada de proponer candidatos para cubrir el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación.

La vacancia de esta figura constitucional acumula ya más de una década y media, un síntoma elocuente del desapego de la dirigencia política por las herramientas de control y tutela ciudadana. En el terreno del transporte y la seguridad vial, la ausencia de un Defensor del Pueblo operativo se traduce en una vulnerabilidad extrema.

Sin este organismo, los usuarios de rutas nacionales y provinciales carecen de un canal institucional idóneo para demandar al Estado Nacional ante el deficiente estado de los corredores viales.

De este modo, la desidia en la asignación de fondos para el asfalto se complementa peligrosamente con una parálisis legislativa que deja a los conductores a la intemperie frente al daño evitable.