Por: Víctor A. Rivera

Existe una tentación recurrente en el derecho: confundir el proceso con el fin. Las formas procesales no son un adorno ni un obstáculo, son la arquitectura que hace posible la justicia. El problema comienza cuando esa estructura se vuelve peligrosa, cuando el andamiaje opaca al edificio o el mapa reemplaza al territorio. Esta tensión, que es viejísima, hoy toma una dimensión nueva con la irrupción de la inteligencia artificial en los tribunales, abriendo un debate incómodo sobre la transparencia algorítmica y los límites reales de la tecnología.

De golpe, jueces de todo el mundo usan estas herramientas para redactar, buscar precedentes a otra velocidad u ordenar argumentos. Y el sistema, fiel a su naturaleza desconfiada, se pregunta si una sentencia escrita con ayuda de un algoritmo sigue siendo legítima, o si el ser humano empezó a estar al servicio de la máquina sin darse cuenta. Son preguntas necesarias, claro, pero se convierten en una trampa si nos quedamos mirando el instrumento en lugar de mirar el resultado.

Eso pasó hace un tiempo en el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, en la causa "Payalef". La Cámara Penal de Esquel había anulado una condena penal, pero no porque estuviera mal fundada o violara derechos, sino porque el juez usó IA para redactar los fundamentos y tuvo la torpeza de dejar pegada una frase típica de estas herramientas. Que una decisión judicial se caiga por un rastro visible en el texto, y no por su contenido, merece que pongamos la pelota bajo la suela para pensar. El Superior Tribunal corrigió el rumbo con sentido común: lo que el derecho exige es que la sentencia sea lógica, verificable y suficiente. No le pide al magistrado que rinda cuentas de si consultó un manual, si pensó mejor después del almuerzo o qué procesador de texto usó. La obligación es firmar un fallo que se sostenga por sus propias razones. Nada más, pero tampoco nada menos.

Acá es donde la famosa "transparencia algorítmica" se cruza con la realidad y hay que entenderla con madurez. Una cosa es el juez que delega en la máquina su razonamiento y firma sin mirar —lo cual sería un motivo válido de alarma—. Otra cosa muy distinta es el juez que usa la tecnología como apoyo para ganar claridad, pero conservando la responsabilidad intelectual de la decisión. La IA puede ser herramienta, pero nunca autor.

Cuando exigimos transparencia en el uso de sistemas que impactan en la gente, no estamos pidiendo que los programadores regalen sus fórmulas ni que los jueces expongan cada borrador en internet. Pedimos algo más simple: explicabilidad. Que los criterios detrás de una decisión que afecta a personas de carne y hueso sean claros. Pretender que la transparencia consiste en prohibir la tecnología, o en anular fallos por una cuestión de forma, es un purismo peligroso que termina siendo una fuente de injusticia. Detrás de cada expediente hay personas y una verdad que alcanzar; olvidarse de eso por cuidar las formas es el error más viejo del derecho.

¿Acaso importa si un software ayudó a ordenar las ideas, siempre que el razonamiento final sea humano y resista cualquier análisis? Hacemos lo mismo cuando recortamos jurisprudencia o usamos plantillas de texto. El futuro de la justicia no pasa por resistirse a los cambios bajo una sospecha constante, sino por aprender a usar las herramientas sin abdicar de lo esencial: el juicio humano y la mirada que sopesa las consecuencias reales sobre vidas concretas.

Las formas procesales están por buenas razones, pero cuando se convierten en un escudo detrás del cual se esconde el miedo al progreso o el automatismo, dejan de ser una garantía y se transforman en un obstáculo. La justicia se juega en ese equilibrio tenso. Un sistema que recuerda que las herramientas sirven al hombre, y no al revés, es un sistema que todavía tiene algo importante que decir.