La polémica en torno a la Tasa Complementaria de Seguridad Policial en el partido de Junín ha vuelto a encenderse tras conocerse las millonarias cifras de recaudación del año 2026. Al 25 de septiembre, el Municipio ya había registrado un ingreso exacto de $3.565.018.609,23. Esta cifra representa aproximadamente el 88% del presupuesto anual actualizado para este concepto, el cual se había elevado a $4.049 millones debido a las proyecciones de inflación y ajustes fiscales.

El volumen de estos recursos adquiere una dimensión alarmante cuando se lo contrasta con los costos de equipamiento reales. Tomando como referencia la última adquisición municipal de 2025 —donde se compraron cinco camionetas 4×2 y un auto sedán por $319,79 millones—, el dinero recaudado en lo que va de 2026 equivaldría a la compra de 67 patrulleros operativos. A pesar de este flujo constante de dinero aportado directamente por los ciudadanos, la localidad de Morse ha vuelto a quedar completamente desprovista de un móvil policial, forzando a la concejal Belén Veronelli y a diversos sectores comunitarios a exigir explicaciones urgentes sobre el paradero y uso de los fondos.

El vacío en la rendición y el respaldo jurisprudencial

La principal encrucijada radica en la falta de transparencia. Si bien la Policía Bonaerense depende estructuralmente de la Provincia de Buenos Aires —organismo que absorbe los salarios y el equipamiento mayoritario—, la Tasa de Seguridad es un impuesto local percibido directamente por las arcas municipales.

La ausencia de un desglose público que especifique cuánto se destina a combustible, reparaciones o infraestructura preventiva impide rastrear el destino de los más de $3.500 millones. De hecho, los últimos vehículos incorporados en septiembre del año pasado fueron costeados con fondos provinciales descentralizados, desvinculando la inversión del dinero vecinal.

Este escenario no solo desata un conflicto político, sino también un dilema legal. Tanto la Corte Suprema de la Nación como la Suprema Corte bonaerense sostienen una jurisprudencia clara: las tasas municipales deben tener una contraprestación de un servicio concreto, efectivo e individualizado. La falta de un patrullero en Morse expone al Municipio a cuestionamientos constitucionales por cobrar un tributo sin ofrecer el servicio correspondiente. En sintonía con este malestar, el bloque de La Libertad Avanza ha presentado proyectos en la Legislatura provincial para obligar a las intendencias a justificar estrictamente la relación entre el costo de cada tasa y la prestación real que reciben los contribuyentes.