Vencida la conciliación obligatoria, Granja Tres Arroyos, la empresa que supo ser la mayor avícola de la Argentina, cerró sin acuerdo la última instancia de negociación con el gremio y dejó firme los 1.250 despidos en sus plantas de Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar.
La definición llegó luego del vencimiento de la conciliación obligatoria entre la empresa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) que había dictado el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, sin que las partes lograran una salida.
Sin posibilidades de una nueva extensión de la medida por parte del Gobierno bonaerense, la última audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo no encontró un punto en común, por lo que Granja Tres Arroyos, sumida en una profunda crisis productiva, económica y financiera, ratificó los despidos de tres plantas de Buenos Aires.
La empresa, que solicitó la apertura de su concurso preventivo hace menos de un mes, ratificó las desvinculaciones que había comunicado a comienzos de septiembre.
Según un recuento realizado por la cartera laboral, a principios del mes pasado, la firma que solicitó la apertura de su concurso preventivo hace menos de un mes, despidió 700 trabajadores de la fábrica de Capitán Sarmiento, 50 de la de Pilar y 500 de Esteban Echeverría.
La compañía justificó la decisión en “la necesidad de adecuar la estructura a la actividad efectivamente disponible y preservar la continuidad de la explotación”, rechazó las denuncias de vaciamiento y atribuyó parte de sus dificultades financieras a la afectación de fondos y cobranzas vinculadas con obligaciones anteriores a las presentaciones concursales.
Representantes sindicales afirmaron que los despidos quedaron vigentes, pero hasta que no se asigne el juzgado que llevará adelante los concursos, los trabajadores no podrán acceder al pago de las indemnizaciones, que se realizarán bajo el artículo 247.
En paralelo al vencimiento de la conciliación, el escenario judicial se complejizó. El Juzgado Comercial N° 21 dispuso la indisponibilidad de US$ 13,5 millones que la avícola tiene depositados en el Banco de Comercio, en el marco de las denuncias de vaciamiento y las protestas de trabajadores que reclaman cuatro meses de salarios adeudados.