Diputados bonaerenses aprobaron una iniciativa que cobrará un 0,75% a quienes recurran determinaciones tributarias y destinará lo recaudado a un fondo que podrá financiar las remuneraciones del propio Tribunal. El proyecto fue presentado por seis legisladores del oficialismo y la oposición y ahora deberá ser tratado por el Senado.

La Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción a una reforma del Tribunal Fiscal de Apelación que introduce un cambio sensible para los contribuyentes que cuestionen multas, determinaciones impositivas y resoluciones de ARBA: si la iniciativa se convierte en ley, apelar tendrá un costo.

El expediente D-3107/26-27 fue presentado el 26 de agosto y lleva las firmas de Facundo Tignanelli y Héctor Rubén Eslaiman, del peronismo; Diego Garciarena, de UCR + Cambio Federal; Alejandro Rabinovich y Fernando Rovello, del PRO; y Martín Rozas, de Unión y Libertad. Es decir, se trata de una propuesta impulsada mediante un acuerdo entre legisladores de distintos espacios políticos. La Cámara baja la aprobó el 29 de septiembre y el 2 de octubre la giró al Senado.

Uno de los principales cambios es la creación de la Tasa de Actuación ante el Tribunal Fiscal de Apelación, que quedó fijada en el 0,75% del monto impositivo o de la multa que se encuentre en discusión. El proyecto original contemplaba un 0,60%, pero durante el tratamiento en comisión el porcentaje fue aumentado.

El punto genera cuestionamientos porque el Tribunal Fiscal es precisamente el organismo al que recurren personas y empresas cuando pretenden discutir una decisión de ARBA. Con el nuevo esquema, acceder a esa instancia dejará de ser gratuito.

100% al FOJET

La reforma dispone además que el 100% del dinero obtenido por esa tasa irá al Fondo de Jerarquización y Especialización Técnico-Tributaria (FOJET). Entre los destinos previstos aparecen el fortalecimiento institucional, la capacitación y modernización del organismo, pero también las remuneraciones de su presidente y de los vocales.

Así, se produce una situación cuanto menos controvertida: quien paga para cuestionar una determinación de ARBA estará aportando al fondo con el que podrán financiarse los salarios de los integrantes del Tribunal que deberá resolver su caso.

La modificación también contempla una recomposición de los ingresos de los vocales. Sus remuneraciones quedarán equiparadas a las de los vocales del Tribunal de Cuentas bonaerense, mientras que quien ejerza la presidencia del Tribunal Fiscal recibirá además un adicional mensual del 10%.

Otro aspecto sensible es qué sucede si el contribuyente no paga la tasa. La reforma prevé una intimación y un plazo para hacerlo. Si persiste el incumplimiento, el planteo deja de tramitar como apelación ante el Tribunal Fiscal y pasa a ser considerado un recurso de reconsideración, regresando al ámbito administrativo.

Los impulsores sostienen que la reforma busca jerarquizar un organismo especializado y mejorar su funcionamiento. La discusión que ahora llegará al Senado, sin embargo, pasa por otro lugar: si resulta razonable que parte del fortalecimiento y de las mejoras salariales del Tribunal sea financiado directamente por los contribuyentes que necesitan recurrir a él para discutir una decisión de ARBA.