La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada (AIEPA) fijó su postura oficial luego de que el Senado Bonaerense sancionara la ley que regula el uso de teléfonos celulares en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires.

Desde la entidad, que representa activamente a más de 5.000 instituciones en todo el país, señalaron la necesidad de respetar la autonomía de cada establecimiento para decidir si prohíben estos dispositivos o los integran a sus proyectos pedagógicos.

El secretario Ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, destacó que el punto clave es brindar herramientas concretas y un marco normativo sólido a los directivos. Según advirtió, una restricción que carezca de consecuencias claras ante su incumplimiento termina por debilitar la autoridad de la institución. Esto cobra especial relevancia tras los antecedentes de diciembre pasado, cuando la Legislatura bonaerense también implementó normas de restricción para el nivel primario en colegios estatales y privados.

Martín Zurita, Secretario de AIEPA

Co-responsabilidad y debate social

Desde AIEPA explicaron que aplicar medidas cotidianas, como la retención transitoria de un teléfono, suele generar fuertes conflictos con las familias. Por este motivo, consideran fundamental que cualquier regulación disponga de procedimientos expresamente habilitados por la ley para proteger la seguridad de los estudiantes, docentes y directivos involucrados.

Finalmente, Zurita recordó que los dispositivos provienen del entorno familiar, por lo que el compromiso de los padres es indispensable para abordar la problemática. Asimismo, instó a dar un debate social profundo sobre el impacto general de las redes sociales en la comunidad, un desafío complejo que excede los límites físicos de la escuela.