Por: Redacción Semanario de Junín

SECCIÓN SEMANAGRO PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 536 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2026

Hay una paradoja que acompaña desde hace décadas a la actividad agropecuaria argentina. El sector ocupa un lugar central en la generación de divisas, sostiene buena parte de las economías del interior y tiene capacidad para alterar la agenda nacional cuando decide movilizarse.

Sin embargo, esa gravitación económica no encuentra una correspondencia estable en la construcción de una representación política propia, capaz de defender sus intereses sin quedar subordinada a los tiempos y las necesidades de los partidos.

La dificultad no pasa por la ausencia de dirigentes rurales en la política ni por la falta de interlocución con los gobiernos. De hecho, sobran ejemplos de empresarios y referentes sectoriales que han mantenido vínculos estrechos con funcionarios, legisladores y fuerzas políticas.

Y quizás el problema sea eso, ya que esos vínculos no necesariamente garantizan que las demandas del conjunto de los productores encuentren una traducción efectiva en las decisiones públicas. Y muchas veces los dirigentes usan a las instituciones para trampolín personal u otras para recibir algunos privilegios individuales.

El debate volvió a cobrar actualidad con las declaraciones de José Luis Volando, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), quien advirtió que cada vez hay menos productores agropecuarios y señaló que los pequeños y medianos son los más afectados.

La afirmación, difundida por Perfil en septiembre pasado, introduce una dimensión que excede la coyuntura económica: si se reduce la cantidad de productores independientes, también se modifica la base social sobre la que se construye la representación gremial.

Claro está que las mismas afirmaciones las hizo hace algunos años su padre, Humberto, también líder batallador de las FAA.

La concentración de la actividad, las dificultades para sostener la explotación, el peso de los arrendamientos y las exigencias financieras no afectan de la misma manera a todos los integrantes de la cadena.

Bajo la denominación genérica de «el campo» conviven propietarios de grandes extensiones, productores que alquilan la tierra, contratistas, cooperativas, empresas integradas y explotaciones familiares. Sus intereses pueden coincidir frente a determinados impuestos, pero divergir cuando se discuten otras políticas.

La investigación académica sobre la trayectoria de las entidades agropecuarias permite comprender que las transformaciones de la estructura productiva alteraron sus bases sociales

UNIDAD POCO ÚTIL

La Mesa de Enlace constituye uno de los ejemplos más visibles. Su conformación, en marzo de 2008, reunió a la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina y Coninagro, cuatro organizaciones con trayectorias, estructuras y bases sociales diferentes. El detonante fue la Resolución 125, que establecía retenciones móviles para las exportaciones de granos y oleaginosas.

La protesta de aquel año demostró que era posible articular demandas diversas frente a una medida que afectaba al sector. Durante meses, las entidades compartieron una estrategia de confrontación con el Gobierno nacional, con movilizaciones, cortes de rutas, negociaciones y una discusión pública que trascendió largamente el ámbito rural.

La disputa culminó en julio, cuando el Senado rechazó la iniciativa oficial con el voto decisivo del vicepresidente Julio Cobos.

La potencia de aquella experiencia dejó una imagen que todavía perdura: un campo unido frente al poder político.

Pero esa unidad circunstancial no borró las diferencias que habían separado históricamente a las organizaciones ni significó la aparición de un programa común para todos los problemas de la producción agropecuaria. Por el contrario, la experiencia, con el diario del lunes, fue negativa. Cuando se creía en un mayor empoderamiento, ocurrió lo contrario.

La propia composición de la Mesa de Enlace condensaba esa contradicción. La Sociedad Rural representaba una tradición asociada a los grandes propietarios; Federación Agraria tenía una historia ligada a los pequeños y medianos productores; CRA articulaba entidades rurales de distintas regiones, mientras Coninagro expresaba los intereses del cooperativismo. La convergencia frente a las retenciones no convertía automáticamente a esas organizaciones en representantes equivalentes de cada uno de los actores del sistema.

La investigación académica sobre la trayectoria de las entidades agropecuarias permite comprender, además, que las transformaciones de la estructura productiva alteraron sus bases sociales.

José Luis Volando, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA).

La expansión de los agronegocios, la incorporación de tecnología, los cambios en la tenencia de la tierra y la creciente importancia de las empresas de mayor escala modificaron las relaciones entre productores y organizaciones.

El pequeño arrendatario que históricamente encontró en Federación Agraria una referencia no ocupa hoy necesariamente el mismo lugar dentro de la estructura agraria.

La Mesa de Enlace consiguió una coordinación política de gran alcance, pero no resolvió la cuestión de fondo: cómo representar de manera sostenida a productores cuyas posibilidades económicas, necesidades y capacidad de negociación son cada vez más diferentes.

No se trata de atribuir intenciones a las entidades, sino de reconocer que la concentración económica también puede modificar los equilibrios dentro de sus propias estructuras

DEMASIADO CERCA

La dificultad reaparece cuando los dirigentes agropecuarios se acercan a los gobiernos o asumen posiciones partidarias. La participación política es legítima y puede ser una vía para trasladar al Estado las demandas de la producción. El conflicto surge cuando la identificación con un espacio termina condicionando la autonomía de las entidades o cuando la cercanía con el poder reemplaza el contacto con quienes deberían representar.

Un artículo publicado por Misiones Opina en julio de 2025 planteó precisamente esa discusión. Su autora, la periodista agropecuaria Mónica Gómez, advirtió sobre la creciente identificación partidaria de referentes rurales y la dificultad de distinguir, en determinados casos, entre la defensa de los productores y las aspiraciones políticas de sus dirigentes.

La observación no puede convertirse en una generalización sobre todo el gremialismo agropecuario. Las entidades mantienen diferencias, formulan reclamos y negocian con gobiernos de distintos signos. Pero el planteo permite identificar un riesgo concreto: que la representación sectorial quede asociada a la suerte electoral de una fuerza política y pierda capacidad para reclamar cuando las decisiones oficiales contradicen los intereses de sus propios representados.

La relación con el actual Gobierno nacional ofrece un terreno para observar esa tensión. La afinidad entre parte de la dirigencia rural y el ideario económico de Javier Milei no elimina las diferencias entre las políticas anunciadas y los resultados que obtiene cada productor. Una reducción de retenciones, por ejemplo, puede mejorar los ingresos de una explotación y resultar insuficiente para otra que trabaja sobre tierras alquiladas, afronta mayores costos financieros o dispone de menos capital de trabajo.

Como señalamos en Semanagro al analizar la rentabilidad agrícola, no todos los productores parten de las mismas condiciones ni reciben de igual manera los cambios impositivos. La diferencia entre quien trabaja sobre tierra propia y quien debe pagar un arrendamiento puede ser determinante para el resultado de una campaña. Presentar una mejora sectorial como si beneficiara de manera uniforme a todo el universo agropecuario oculta esas diferencias.

La representación política debería servir, precisamente, para hacerlas visibles. No alcanza con obtener una audiencia en la Casa Rosada, participar de una exposición rural o celebrar una medida oficial. También es necesario determinar quiénes se benefician, quiénes quedan afuera y qué políticas hacen falta para sostener a los productores que no disponen de escala suficiente para absorber una mala campaña.

La advertencia de Volando sobre la reducción del número de productores agrega urgencia a esa discusión. Si los pequeños y medianos pierden capacidad para permanecer en la actividad, la representación puede terminar reflejando cada vez más los intereses de quienes cuentan con mayores recursos para organizarse, negociar e influir sobre las decisiones públicas. No se trata de atribuir intenciones a las entidades, sino de reconocer que la concentración económica también puede modificar los equilibrios dentro de sus propias estructuras.