Por: Redacción Semanario de Junín

Está claro que la motosierra busca despejar las ramas chicas y que las grandes se fortalezcan, por eso una profunda preocupación mantiene en vilo a las pequeñas y medianas empresas del interior del país ante el avance en el Congreso de la Nación del nuevo proyecto de ley de biocombustibles.

Desde las cámaras del sector advierten que la iniciativa, tal como está planteada, pone en riesgo de quiebra masiva a más de la mitad de las plantas nacionales y promueve una feroz concentración del mercado en manos de un puñado de grandes exportadoras.

El impacto no es macroeconómico; se mide en el empleo y el arraigo de las comunidades locales. Un caso emblemático es el de Biobin, una firma radicada en Junín que elabora y comercializa biodiésel. Según datos de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), Biobin produce actualmente 40.896 toneladas al año, inyectando un valor de 49.075.200 dólares anuales a la región. Empresas de esta envergadura generan puestos de trabajo de calidad y dinamizan de manera decisiva la economía local, transformando la materia prima en origen.

ALERTA PRODUCTORES

El núcleo del conflicto radica en la modificación del esquema de cupos y precios regulados que hasta ahora protegía a las plantas no integradas. El proyecto introduce una fuerte desregulación y una reducción del piso de la mezcla obligatoria que abastecen las Pymes (bajando del 7,5% al 4%), mientras que abre un 6% al libre mercado.

El modelo debiera ser de preocupación para las gremiales que nuclean a los productores de la pampa húmeda, ya que lo que ocurre con el biodiesel también puede ocurrir con los granos en el futuro cuando todos los privilegios sean para las grandes corporaciones exportadoras por parte del gobierno.

Para las Pymes de provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, esto significa competir en condiciones de extrema desigualdad contra seis grandes aceiteras multinacionales que controlan el acceso al aceite de soja. Las proyecciones de CEPREB y de diversas entidades regionales son alarmantes:

De las 25 fábricas de biodiésel Pyme que operan en todo el territorio bonaerense y nacional, solo 11 podrían sobrevivir al nuevo marco normativo.

Con ello se calcula que se perderían alrededor de 9.500 puestos de trabajo (entre empleos directos e indirectos), además de paralizar la actividad de unas 400 extrusoras regionales asociadas a la cadena de valor.

Frente a este escenario de desindustrialización, los productores locales reclaman que el Congreso modifique la letra chica del proyecto para incluir una segmentación real de cupos. La propuesta de las Pymes exige un sistema de protección para las plantas regionales no integradas y, lejos de achicar la participación del biodiésel, plantean elevar el porcentaje de corte obligatorio para sustituir las millonarias importaciones de gasoil fósil.