La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto del Gobierno sobre "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que incluye en su articulado la restitución de la Ley de Tierras Rurales del kirchnerismo. El capítulo que establece la derogación del artículo 154 del DNU 70/23, y la aplicación de la ley de Tierras obtuvo 239 votos a favor, 4 en contra y seis abstenciones.

La restitución de la ley de tierras fue respaldada por La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y bloques provinciales.

Solo votaron en contra los diputados tucumanos Gladys Mendoza y Marina Elia Fernández, la neuquina Karina Maureira y el salteño Pablo Outes, mientras que se abstuvieron los diputados de izquierda, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Juan Carlos Giordano y Romina Del Pla, de la Coalición Cívica Mónica Frade y de Coherencia Marcela Pagano.

En cambio, la aprobación del proyecto en general fue ajustadísima: 124 contra 119 y seis abstenciones —cinco cordobeses y Álvaro González, del PRO.  Si esas abstenciones se hubieran sumado a los votos negativos, se hubiera rechazado la ley, con lo cual fue clave para el oficialismo la decisión de los cordobeses y del legislador larretista.

La iniciativa será girada al Senado, que podrá insistir con los dos tercios con su proyecto original o aceptar los cambios introducidos por la Cámara de Diputados.

Este proyecto llega con media sanción a la Cámara baja después del desguace aplicado por la oposición peronista en el Senado, que le volteó el capítulo vinculado a la Ley de Manejo del Fuego, pero también el que buscaba derogar la Ley de Tierras Rurales, toda vez que el artículo 154 del DNU 70/23 se encontraba derogado.

Paradójicamente, ahora el Gobierno busca restituir la Ley de Tierras en el tratamiento en Diputados, después de que la oposición amenazara seriamente con tirar abajo todo el DNU 70.

De esta manera, se reafirmarán los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.

La versión menguada de la Ley de Propiedad Privada que quedó en pie después de la extirpación en el Senado son capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y también una reforma de la ley de Desalojo para permitir acortar drásticamente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.

DEBATE

El miembro informante del dictamen del oficialismo, Santiago Santurio (La Libertad Avanza) destacó que con este Gobierno y en particular con esta iniciativa se empieza a "respetar el derecho a la propiedad". "Si hay usurpaciones deja de ser negocio la construcción de viviendas", analizó el presidente de la comisión de Legislación General.

Por su parte, Diego Giuliano (Unión por la Patria) hizo énfasis en el hecho de que el oficialismo vuelve con su dictamen "a la ley del peronismo" del 2011, que surgió a instancias del Gobierno de Cristina Kirchner cuando "se quisieron comprar un pueblo entero con la gente adentro" en La Rioja.

El legislador massista reseñó las idas y vueltas de la Corte Suprema y el giro pragmático del Gobierno que luego de fracasar en el Senado con la derogación de la Ley de Tierras -a raiz de las movilizaciones sociales y la resistencia de aliados-, decidió encarar el camino inverso en Diputados al incorporar la norma kirchnerista en la propia Ley de Inviolabilidad Privada.

"Ni los romanos plantean la propiedad privada de manera absoluta como ustedes, que se basan en el Código napoleónico", analizó el representante peronista. "A la Constitución hay que llerla completa, integralmente, no con una ojo tapado. Dice que la propiedad es inviolable pero también incorpora el Pacto de San José de Costa Rica que dice que la ley debe subordinarse al interés social", planteó Giuliano.

A su turno, Martín Lousteau (Provincias Unidas) se refirió al volantazo del oficialismo respecto de la Ley de Tierras y al respecto dijo que "este reculado en chancletas no sirve porque ahora uno puede adquirirar ciudadanía argentina pagando 350 mil dólares".

El diputado de la Coalición Civica, Maximiliano Ferrero, aseguró que la Libertad Avanza tuvo que "reclutar en chancletas" y debió dejar sin efecto un artículo de un DNU que derogaba la ley de Tierras "totalmente inconstitucional que defienden a capa y espada" .

Al exponer en el debate sobre el proyecto de la ley de "inviolabilidad de la ley de Propiedad Privada", Ferraro señaló que "pretendían llevarse puesta la ley de Tierras, la ley de Integración Sociourbana de los Barrios Populares en la Argentina y la Ley de Manejo del Fuego" y eso no sucedió "por los cuestionamientos institucionales, judiciales, pero, sobre todo, por la presión de gran parte de la sociedad”.

La diputada kirchnerista, Lucia Campora, rechazó la ley de propiedad privada al sostener que quieren " modificar la ley de expropiaciones para blindar las privatizaciones" y señaló que con esta iniciativa "no hubiesemos podido recuperar YPF y no tendriamos el superávit energético que da Vaca Muerta, gracias a que Cristina recuperó YPF”.

Al hablar en el debate sobre el proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada", la legisladora camporista dijo que "Milei tuvo todas las leyes que quiso, le votaron todo: Reforma Laboral, el RIGI, Ley Bases, Ley de Glaciares, Inocencia fiscal, todo".

La presidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, Pamela Verasay, ratificó el apoyo a los proyectos de la sesión e hizo un llamado a superar la polarización política para enfocarse en la resolución real de los problemas.

​En su intervención, Verasay dijo que "en la Argentina de los extremos parece que solo hay dos lugares posibles: el aplauso incondicional o el rechazo permanente. Nosotros creemos que hay otro lugar, el más difícil y también el más necesario: el de quien entiende que un gobierno necesita herramientas para gobernar, pero que esas herramientas tienen que estar bien construidas".