domingo 25 de octubre de 2026

SEMANAGRO | 25 oct 2026

SEMANAGRO

Silencio fumigación

07:11 |La Corte Suprema de la Nación cerró la vía judicial y le dio la razón a los vecinos de la localidad de Sastre y Ortiz, que exigían desde hace años mayor resguardo frente a los agrotóxicos. En Junín, las quejas son permanentes, pero ninguna de las organizaciones del gobierno y la justicia prestan atención al reclamo.


Por: Redacción Semanario de Junín

SECCIÓN SEMANAGRO PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 537 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DE 2026

La semana pasada las siete líneas en una hoja membretada de la Corte Suprema de la Nación pusieron punto final a la batalla judicial que emprendieron, en 2018, vecinas y vecinos de la localidad de Sastre y Ortíz (Santa Fe).

Los cortesanos de la Nación Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz desestimaron un reclamo de la Municipalidad y convalidaron la decisión que ya había tomado la Corte santafesina: se deben establecer 1.000 metros de distancia del área urbana para las fumigaciones terrestres con agrotóxicos.

El ministro Ricardo Lorenzetti se excusó de intervenir.

Sonia González es una de las impulsoras de la causa y madre de Zoe Giraudo, una niña que al momento de iniciarse el caso estaba en tratamiento oncológico. Tras conocer el fallo, la mujer pidió: “Que no se dude ante la salud”.

Aseguró que ahora irán por la reforma de la ordenanza local de aplicaciones, de acuerdo con lo establecido en los sucesivos fallos favorables que tuvo el expediente.

Sastre y Ortiz es una ciudad de 6.000 habitantes ubicada en el sudoeste santafesino, zona núcleo del agronegocio.

Entre las comparaciones odiosas para quienes defienden esta matriz productiva contaminante, podemos entender que se asemeja a los que ocurre en Morse, Saforcada, Agustina, La Agraria y demás localidades juninenses.

A lo largo de las provincias de la pampa húmeda, pueblos y ciudades conviven a diario con las avionetas y los mosquitos (como se conoce popularmente a las máquinas pulverizadoras). Santa Fe cuenta con una ley de agroquímicos obsoleta, de 1995, cuando aún no se había aprobado la soja transgénica en Argentina.

La soja modificada genéticamente implicó un corrimiento de la frontera agrícola y un mayor uso de herbicidas, principalmente el glifosato. Pese a urgir una actualización, la Legislatura provincial cajoneó varios proyectos de reforma impulsados, desde 2010, por organizaciones socioambientales.

El fallo implica un precedente relevante para las localidades de Santa Fe y para otros pueblos fumigados del país

En Junín en cambio, todavía sigue vigente una ordenanza de 2013, que permite fumigar glifosato a cero metro de las viviendas y personas y para peor con un control deficiente por parte del municipio que no cuenta con inspectores comprometidos con una realidad que preocupa y mucho a la hora de revisar in situ, el trabajo de las fumigadoras, que pueden cambiar las fórmulas a su antojo.

En 2018 el pueblo santafesino de Sastre fue a la Justicia y logró que se estableciera un límite de mil metros de distancia entre las fumigaciones y la planta urbana de la ciudad. La sucesión de apelaciones con resultado en contra llevó el caso hasta el Máximo Tribunal del país. Una resolución de unas pocas líneas confirmó la vigencia de la sentencia original.

“El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, no cumple con el requisito de fundamentación autónoma (art. 15 ley 48). Por ello, se desestima la queja”, publicó la Corte el 13 de agosto, indicando que no revisará las sentencias anteriores porque no se justifica su intervención. Caso cerrado.

La demanda se presentó contra la Municipalidad, tras varios intentos de diálogo con el Ejecutivo y el Concejo para que se reformara la Ordenanza 951/2004 —que fijaba el límite de fumigación a solo 100 metros a partir de la finalización del área urbana—. En el juicio se presentaron como terceros interesados el Gobierno de Santa Fe y una decena de productores. Si bien, en 2020, el juez Francisco Hail, de Rafaela, dio la razón a los vecinos, la Municipalidad apeló. Y siguió apelando hasta llegar a la Corte Suprema.

Desde la Capital Federal se puso fin al litigio alegando que el último recurso de queja presentado por la Municipalidad de Sastre carece de “fundamentación autónoma”. Cuando refiere a esta falencia, el máximo tribunal indica que una queja determinada no cuenta con un relato prolijo de los hechos y una crítica ordenada al fallo que se busca impugnar. En este caso, el de la Corte de Santa Fe.

Sastre y Ortiz es una ciudad de 6.000 habitantes ubicada en el sudoeste santafesino, zona núcleo del agronegocio

SILENCIO LOCAL

El cartel que colgaron la semana pasada en la compuerta de la laguna de Gómez bajo la premisa “Paren de Fumigarnos”, volvió a poner en escena el problema en nuestro distrito y de la cual nadie se hace cargo, ni en el Ejecutivo como tampoco en el Cuerpo deliberativo. Tampoco el poder judicial.

La manifestación fue realizada por el Foro de Ambientalistas de Junín y las críticas se realizaron en función de reclamos vecinales de zonas cercanas al espejo de agua y al camino que lleva al parque natural, quienes explicaron que se siguen llevando a cabo pulverizaciones con agroquímicos en los campos aledaños y en muchos casos el viento terminó enviando el producto utilizado sobre los barrios cercanos. Al que corresponde vigilar al municipio, ya que está prohibido realizar tareas cuando hay viento.

Es indudable que ningún agroquímico de los que se utilizan en la matriz agropecuaria de la zona es inofensivo, motivo por el cual la preocupación de la comunidad está plenamente argumentada.

La demanda se presentó contra la Municipalidad, tras varios intentos de diálogo con el Ejecutivo y el Concejo para que se reformara la Ordenanza 951/2004

Se requiere entonces que el tema llegue a la agenda política, para no seguir alimentando sospechas respecto al daño masivo contra la población que se halla en ámbitos semirrurales y establecer nuevas zonas de amortiguamiento ambiental.

El Concejo Deliberante debiera citar tanto a los vecinos afectados como a los responsables del área respectiva de la comuna para que expliquen detalladamente cuáles son los controles ejercidos, quienes los llevan a cabo, dónde realizar denuncias (y que se escuchen) ante probables fumigaciones fuera de las normas y cuál es el personal que el municipio tiene a cargo para el control de los productos que se fumigan y cómo se certifica el contenido de los pulverizadores, entre otros interrogantes.

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