Daniel Arroyo advirtió en Junín sobre un complejo escenario de implosión social y precariedad laboral En el marco de un conversatorio sobre políticas sociales organizado por la Escuela de Formación Política y Ciudadana de Junín —espacio impulsado por la agrupación local Junín nos Une, liderada por el dirigente Héctor Azil—, el exministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, analizó con dureza la realidad económica actual. Ante un auditorio local atento, el licenciado en Ciencia Política y exdiputado nacional acuñó el término “implosión social” para describir el delicado momento que atraviesan los hogares de la región y del país.

Endeudamiento familiar y el fracaso de la reforma laboral

El exfuncionario amplió sus conceptos detallando un círculo vicioso que asfixia la economía doméstica. Según explicó en declaraciones al programa Corazón y Bolsillo, el escenario actual se diferencia de crisis históricas anteriores porque la conflictividad no se manifiesta necesariamente en protestas masivas en las calles, sino en un deterioro silencioso que carcome la vida cotidiana.

Los ciudadanos sufren un desgaste individual debido a que los ingresos fijos se diluyen rápidamente frente al costo de los servicios públicos esenciales como la luz, el gas y el agua, sumados a las subas en alimentos, transporte y medicamentos. Esta brecha obliga a las familias a financiarse con deudas que se vuelven crónicas e impagables al mes siguiente.

Asimismo, Arroyo sumó a su diagnóstico un fuerte cuestionamiento a la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional. El actual director del Instituto de Investigación y Estudios sobre Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Moreno y de la CIC-PBA argumentó que las modificaciones legales implementadas se enfocaron de manera errónea en flexibilizar los despidos y alterar los esquemas de indemnización, bajo la falsa premisa de que esto incentivaría la contratación formal.

Al no registrarse un crecimiento económico real en la actividad, Arroyo advirtió que la reforma solo ha facilitado la desvinculación de personal sin generar el empleo registrado que se prometía. Como consecuencia de este estancamiento, los trabajadores se ven empujados al pluriempleo, teniendo que combinar múltiples actividades informales o recurrir a plataformas de reparto y transporte para intentar complementar sus ingresos en una estructura laboral cada vez más precarizada.