Por: Redacción Semanario de Junín

El alarmante caso denunciado en el Colegio Modelo de Lomas de Zamora, donde un grupo de alumnos utilizó herramientas avanzadas de inteligencia artificial para trucar el rostro de sus compañeras y generar desnudos falsos, volvió a encender todas las alertas en las comunidades educativas y en los recintos legislativos. La investigación judicial, liderada por el fiscal de menores Mariano Bonilla, involucra a alumnas de entre primero y quinto año.

Se constató que las imágenes de unas 45 o 50 menores no solo se viralizaron en grupos de WhatsApp, sino que se empaquetaron como catálogos y se comercializaron en la 'Deep web' y plataformas de pornografía con los nombres reales de las víctimas. Tres adolescentes de 15 años fueron formalmente imputados.

Debido a su edad y a la gravedad de los hechos, el juzgado determinó que continúen sus estudios de manera telemática para resguardar la intimidad y la salud mental de las damnificadas. Sin embargo, la tensión social escaló tras las airadas protestas de los padres frente al establecimiento, quienes acusaron a las autoridades de la institución de haber ocultado y minimizado el calvario de las chicas durante un mes.

Este preocupante panorama dejó de ser un hecho aislado en el conurbano y ya impacta con fuerza en el interior y en el resto del territorio bonaerense. Pocos días después de la conmoción en Lomas, se conoció una grave denuncia en el Instituto Pío XII Leonardo Murialdo de Villa Bosch, partido de Tres de Febrero. Allí, estudiantes de entre 13 y 14 años revelaron que sufrían amenazas extorsivas de sus propios compañeros para que les enviaran fotos reales bajo la promesa de publicar montajes explícitos si no lo hacían.

En ese establecimiento, las alumnas expusieron el desamparo institucional que sintieron al ser inicialmente silenciadas por los directivos, mientras los agresores continuaban compartiendo el aula con ellas. Un exhaustivo informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires echó luz sobre la magnitud del fenómeno: el 13% de los adolescentes bonaerenses y porteños reconoce tener conocimiento directo de casos de deepfakes en su entorno escolar, mientras que un abrumador 43% confiesa haber recibido este tipo de material editado sin el consentimiento de las involucradas.

El 13% de los adolescentes bonaerenses admite conocer situaciones de manipulación digital de rostros y fotos íntimas dentro de sus propios colegios

UN VACÍO EN EL CÓDIGO PENAL Y EL AVANCE DE LA LEY BELÉN

Frente a la desprotección de las víctimas, la arquitectura legal argentina muestra avances significativos, pero aún insuficientes. El primer gran hito histórico se consolidó con la sanción de la Ley Olimpia. Esta norma modificó la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres para reconocer explícitamente a la violencia digital o telemática como una modalidad de violencia de género. Gracias a ella, los juzgados civiles y de familia poseen la potestad de ordenar de forma preventiva la baja inmediata de contenidos explícitos en plataformas digitales, redes sociales y motores de búsqueda, obligando a las empresas tecnológicas a preservar la evidencia informática del ciberacoso.

A pesar de este reconocimiento institucional, la Ley Olimpia se topa con una severa limitación: no modificó el Código Penal, lo que genera que muchas de estas conductas queden impunes en los tribunales criminales o deban ser encuadradas bajo figuras legales indirectas. Para subsanar este bache técnico, el Congreso de la Nación mantiene bajo un intenso debate el proyecto conocido como Ley Belén.

Esta iniciativa rinde tributo a Belén San Román, una joven policía que se quitó la vida tras sufrir la difusión extorsiva de material íntimo. El proyecto penaliza directamente la obtención y propagación no consentida de registros de desnudez, incorporando penas de prisión efectivas y agravantes específicas cuando el contenido haya sido adulterado de manera espuria mediante sistemas de inteligencia artificial o formatos de Deep fake.

La imperiosa necesidad de esta reforma penal queda en evidencia al analizar los escasos antecedentes judiciales que llegaron a instancias avanzadas en el país. El caso testigo más resonante radica en la provincia de Córdoba, donde un joven de 19 años fue procesado y elevado a juicio oral por la creación de contenidos pornográficos falsos mediante la técnica de face-swapping en perjuicio de 16 compañeras de colegio.

Ante la falta de un delito informático específico, el fiscal Pablo Cuenca debió imputarlo bajo la figura de lesiones graves calificadas por violencia de género, una estrategia jurídica innovadora que arriesga una pena de entre 3 y 20 años de prisión debido al brutal daño psicológico infligido a las víctimas menores de edad.

La Ley Ema obtuvo la aprobación del Senado provincial y regresó a Diputados para sellar de forma definitiva su aplicación en las escuelas

LAS AULAS BONAERENSES ESPERAN POR LA LEY EMA

En Junín, la inquietud y el debate ya se instalaron con fuerza puertas adentro de las escuelas estatales y de gestión privada. Equipos de orientación escolar de nuestra ciudad admiten que, aunque no se han formalizado denuncias penales de la escala de Lomas de Zamora, las consultas y los conflictos por la circulación de "figuritas" (capturas de pantalla de perfiles de Instagram de alumnas localmente editadas con aplicaciones gratuitas de IA) son una realidad creciente en los pasillos de los colegios juninenses.

Desde la Jefatura Distrital de Educación y diversas ONG locales se viene advirtiendo sobre la falta de protocolos específicos y la urgente necesidad de capacitar a los docentes de la región, quienes muchas veces se ven desbordados frente al vacío de herramientas para intervenir pedagógica y legalmente ante el uso perverso de los teléfonos celulares en las aulas de nuestro distrito.

En paralelo a la discusión sobre los castigos punitivos, la provincia de Buenos Aires busca dotar a las escuelas de herramientas de prevención urgentes a través de la Ley Ema. Esta normativa nació impulsada por el dolor de Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk, una adolescente que se suicidó luego de sufrir una feroz campaña de ciberbullying y viralización de fotos íntimas en su escuela secundaria de Longchamps.

El espíritu de la ley se desmarca de la lógica estrictamente carcelaria y se enfoca en el interior de los colegios bonaerenses: promueve la creación del Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos.

El trayecto parlamentario de la norma ha sido dinámico. Luego de obtener una media sanción inicial en la Cámara de Diputados provincial tras un proyecto presentado por Mayra Mendoza, el texto pasó a consideración del Senado bonaerense. Allí, las comisiones de Educación y de Legislación General unificaron la iniciativa con una propuesta de la senadora Laura Clark.

Esta unificación incorporó adiciones sustanciales: la introducción obligatoria de contenidos de ciudadanía digital en la Educación Sexual Integral (ESI), la prohibición y regulación del uso de teléfonos celulares en las aulas secundarias, y el dictado de capacitaciones mandatarias con protocolos estandarizados para que los docentes sepan resguardar la prueba digital sin revictimizar a los estudiantes.

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad el proyecto de la Ley Ema. No obstante, debido a las modificaciones estructurales introducidas en la Cámara Alta, el texto legislativo debió ser devuelto a la Cámara de Diputados bonaerense.

Se espera que la Cámara Baja le dé un tratamiento prioritario en las próximas comisiones para brindarle la sanción definitiva antes de que concluya el período legislativo actual. Con esta demorada herramienta en marcha, el sistema educativo provincial contará con un amparo legal robusto para evitar que la tecnología sea utilizada como un arma de sometimiento y humillación entre los jóvenes.

PAUTAS FRENTE A LA VIOLENCIA DIGITAL

La irrupción de la inteligencia artificial y las deepfakes exige que los adultos mantengamos una actitud activa y de acompañamiento. Aquí, algunas pautas clave para la comunidad y las familias de Junín:

• Fomentar el diálogo preventivo: Hablar abiertamente con los adolescentes sobre el valor de la privacidad y el consentimiento, explicando que editar o difundir la imagen de otra persona sin su autorización constituye una forma de agresión grave.
• Configurar la privacidad: Revisar junto a los menores los perfiles de sus redes sociales (como Instagram o TikTok) para configurarlos como cuentas privadas, limitando quiénes pueden ver, descargar o tomar capturas de sus fotografías.
• Preservar la prueba informática: Ante la detección de material manipulado o acoso digital, no se deben borrar los mensajes ni los contenidos. Se recomienda tomar capturas de pantalla completas (donde se vean enlaces, fechas y números de teléfono) para usarlas como evidencia legal.
• Dónde acudir en Junín: Ante cualquier situación de sospecha o delito informático que involucre a menores, las familias pueden radicar la denuncia de forma presencial en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Junín o solicitar asesoramiento directo en la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial local.