Un proyecto de ley presentado por la senadora de LLA Analía Balaudo busca incorporar nuevas condiciones al régimen de ordenamiento territorial para impedir el vertido de líquidos cloacales sin tratamiento previo y exigir la conexión a la red cuando el servicio se encuentre disponible.

La iniciativa, que regula el ordenamiento territorial y el uso del suelo en la provincia de Buenos Aires, mediante la incorporación de un artículo que establezca condiciones específicas para la disposición final de efluentes domiciliarios.

El texto establece que los líquidos cloacales solo podrán descargarse al suelo o al subsuelo cuando hayan recibido un tratamiento previo de depuración o neutralización que los convierta en inocuos para la salud de la población, independientemente de la antigüedad, las características constructivas o la denominación de la instalación utilizada.

Además, dispone que, cuando exista una red colectora cloacal disponible frente al inmueble o dentro de la distancia que determine la reglamentación, será obligatoria la conexión al servicio y quedará prohibida la disposición de efluentes en el terreno.

Para las áreas donde la normativa vigente no exige el servicio de cloacas, el proyecto establece que la disposición final deberá ajustarse a las soluciones técnicas, los criterios de dimensionamiento y los parámetros de vuelco que determine la Autoridad del Agua, en el marco de sus competencias legales.

La propuesta también condiciona la habilitación de las construcciones y la emisión de los certificados finales de obra, los conformes de obra y las habilitaciones municipales, incluso de carácter precario, a la verificación previa del cumplimiento de estos requisitos.

En los fundamentos, la senadora Basualdo, sostiene que el régimen de ordenamiento territorial vigente menciona la provisión de cloacas como uno de los servicios esenciales, pero no define con precisión qué condiciones deben cumplirse en los lugares donde no se exige la conexión a la red.

El proyecto advierte que, en amplias zonas de la provincia, las familias obtienen agua para consumo humano mediante perforaciones en sus propios terrenos, por lo que la descarga de residuos cloacales sin tratamiento puede comprometer las mismas fuentes de las que se abastecen.

En la iniciativa se consigna que la Ley 5.965, sancionada en 1958, ya establece restricciones al vertido de desechos sin tratamiento previo.

Sin embargo, la senadora Balaudo plantea que incorporar esa exigencia a la normativa de ordenamiento territorial permitiría verificar su cumplimiento durante los procesos de aprobación urbanística y habilitación de las construcciones. Según los fundamentos, la propuesta no crea un nuevo régimen de sanciones, sino que busca establecer una condición para la aprobación de urbanizaciones y garantizar la aplicación efectiva de las exigencias de protección ambiental y sanitaria vigentes.