Por: Redacción Semanario de Junín

NOTA DE TAPA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 537 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DE 2026

Hay una discusión cuasi romántica sobre la propiedad de la tierra en la Argentina que va mucho más allá de quiénes son los dueños. Cuando aparecen las operaciones inmobiliarias, las grandes extensiones rurales o la posibilidad de que capitales extranjeros compren campos, la atención se concentra en los nombres que figuran en los registros de propiedad, lo cual puede resultar una preocupación legítima pero insuficiente para explicar lo que sucede en una región como la nuestra, donde una porción importante de la agricultura se desarrolla sobre superficies que pertenecen a alguien distinto de quien las trabaja.

En Junín y Pergamino, dos partidos emblemáticos del norte y noroeste bonaerense, la transformación tiene protagonistas menos visibles. Se trata de los propietarios que dejaron de producir y entregaron sus campos en alquiler. Conservan la tierra, cobran una renta y, en muchos casos, siguen vinculados económicamente a la actividad agropecuaria. Sin embargo, ya no deciden necesariamente qué sembrar, cómo organizar la explotación ni qué inversiones realizar en cada campaña.

No vendieron, ni tampoco desaparecieron del negocio, simplemente cambiaron de lugar dentro de él a partir de una matriz de producción agropecuaria basada en la escala como si fuera un mantra, pero que terminó dejando miles de hectáreas improductivas y millones de desempleados que podrían ocupar un lugar en una cadena mucho más intensiva.

UN PROCESO COMPLEJO

La diferencia importa porque permite mirar el proceso agrario desde otro ángulo. Mientras buena parte del debate nacional se concentra en la extranjerización de la propiedad, en estos distritos también opera una transformación que puede producirse sin que una sola hectárea cambie de dueño: la concentración del uso de la tierra en manos de quienes disponen del capital, la maquinaria, la tecnología y la capacidad de asumir una explotación de mayor escala, todo basado en ese mantra que señalábamos y que termina favoreciendo a las grandes corporaciones extranjeras que venden los insumos para una producción que ronda el extractivismo que tantos pretenden negar.

Una investigación académica realizada en la propia región a la que accedió SEMANARIO ayuda a entender cómo se llegó hasta acá, donde quienes muchas veces critican a sus vecinos de empleo precarizado con el clásico “agarrá la pala”, cuando son ellos los que la soltaron.

La concentración abre una discusión que va mucho más allá de la venta de establecimientos a extranjeros: ¿quién mató a la agricultura familiar?

DEL CAMPO AL LIVING

En su trabajo final de grado para obtener el título de ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), José Manuel Deninotti estudió a los llamados «cededores» de tierras en Junín y Pergamino. La investigación, titulada Caracterización de los cededores de tierra “rentistas” en los partidos de Pergamino y Junín, y sus relaciones con la agricultura familiar, se apoyó en entrevistas realizadas durante 2015 y fue presentada en 2020.

El universo analizado no era el de los grandes terratenientes tradicionales. Deninotti seleccionó propietarios con superficies de entre 25 y 500 hectáreas y entrevistó a 24 personas, complementando sus testimonios con un grupo focal de ocho informantes vinculados a la actividad agropecuaria.

El resultado tiene una particularidad: la cesión de tierras no respondía a una única historia familiar ni a un perfil social uniforme. Había antiguos productores que habían dejado de trabajar por razones económicas, personas que habían heredado campos sin haberse dedicado nunca a la agricultura, propietarios que buscaban una vida menos exigente y familias que habían perdido capacidad de inversión o continuidad generacional.

En el 83% de los casos estudiados, el acceso a la tierra se había producido por herencia. La superficie promedio en propiedad era de 74,7 hectáreas y la edad media de quienes tomaban las decisiones rondaba los 65 años.

El dato permite dimensionar una transformación que suele quedar fuera de las estadísticas más generales. Detrás de la categoría de propietario rentista puede haber una familia que trabajó durante décadas, un productor que se endeudó, una persona mayor que ya no puede afrontar las exigencias de la actividad o herederos que no encontraron en el campo una alternativa laboral conveniente.

Las razones declaradas para dejar de producir fueron principalmente económicas. El 58% de los entrevistados señaló motivos financieros, mientras que el 42% restante mencionó cuestiones como la edad, la salud o la búsqueda de una mejor calidad de vida.

No todos abandonaron por fracaso. Algunos encontraron oportunidades más atractivas en otras actividades; otros ya no disponían de maquinaria, capital o integrantes de la familia dispuestos a continuar. En determinadas circunstancias, alquilar resultaba una salida razonable frente a la incertidumbre de cada cosecha.

La propiedad no alcanza para explicar por sí sola la distribución del poder económico en el agro, ni para conocer cómo se organiza la producción

MENOS RIESGO, MENOS INGRESOS

La investigación encontró que el alquiler ofrecía a estos propietarios una combinación difícil de ignorar: ingresos relativamente previsibles, menor exposición al riesgo productivo y conservación de un activo que, como tendencia general, se valoriza en el tiempo.

Para quien produce, el resultado de una campaña depende del clima, los rendimientos, los costos, los precios y las condiciones de comercialización, además de las obligaciones fiscales y financieras. Para quien cobra un alquiler pactado en una cantidad fija de quintales, buena parte de esos riesgos queda del otro lado del contrato. Puede sufrir las consecuencias de una caída en el precio del grano o de un incumplimiento, pero no afronta directamente las pérdidas ocasionadas por una mala cosecha.

En las entrevistas, el 80% de los propietarios se inclinaba por contratos accidentales, habitualmente asociados a una campaña, y el resto por arrendamientos agrícolas. El pago fijo en quintales de soja era una modalidad extendida. Aunque los documentos pudieran renovarse anualmente, la relación entre propietarios e inquilinos duraba, en promedio, alrededor de nueve años.

Los cálculos económicos incluidos en la tesis corresponden a las condiciones de aquella época y no deben confundirse con una estimación actual. Sin embargo, la conclusión que propone es significativa: para los casos analizados, alquilar podía ofrecer una rentabilidad semejante a la de producir sobre tierra propia, con menor exposición a las contingencias de la actividad.

¿Por qué asumir entonces todos los riesgos de una explotación cuando es posible obtener una renta sin organizar la siembra, comprar insumos ni afrontar las contingencias de la cosecha?

Es la lógica económica que explica buena parte de las decisiones privadas, pero termina impactando en el conjunto de la comunidad, modificando la estructura productiva de una región.

Porque el antiguo productor que alquila su campo sigue siendo propietario, pero deja de ser una unidad de producción. Y el arrendatario puede ampliar su escala sin necesidad de comprar cada hectárea que incorpora a su explotación. Así, la concentración puede avanzar por el lado del uso antes que por el de la propiedad.

Quienes muchas veces critican a sus vecinos de empleo precarizado con el clásico “agarrá la pala” sueltan el propio

CHAU CHACRA, HOLA TAPERA

La agricultura familiar no desaparece necesariamente cuando una familia deja de trabajar la tierra, porque en ocasiones conserva el patrimonio y encuentra una forma de sostenerse sin vender.

Pero hay otra cuestión que merece atención y es que cuando se retira una familia de la producción no se pierde solamente una unidad económica contabilizada en un registro. También puede desaparecer una organización que combinaba trabajo familiar, decisiones empresariales, conocimiento acumulado y presencia cotidiana en el establecimiento y con ello la conformación de una “sociedad rural” con presencia en el territorio, hoy en muchos casos salpicados de taperas, adonde ayer hubo personal trabajando o familias produciendo.

Durante buena parte del siglo XX, los arrendamientos fueron una vía para que productores familiares accedieran a la tierra sin ser propietarios. En las últimas décadas, la relación se transformó: pequeños y medianos dueños comenzaron a ceder sus campos a productores capaces de reunir superficies mayores, contratar servicios especializados y trabajar con tecnología que permite administrar explotaciones de otra escala.

Deninotti describe esa transición y señala que las dificultades para sostener la agricultura familiar -baja escala, falta de mano de obra, limitaciones financieras y necesidad de inversiones- empujaron a numerosas familias a buscar alternativas. Algunas ampliaron su actividad alquilando otras superficies; otras terminaron cediendo las propias.

La tendencia plantea una cuestión de fondo para Junín y Pergamino y es cuánto puede modificarse la estructura agraria de un territorio aun cuando los títulos de propiedad permanezcan en manos de familias locales.

La investigación agrega una dimensión ambiental que vuelve más compleja la discusión ya que el propietario que alquila conserva el patrimonio, pero no siempre sigue de cerca las decisiones agronómicas que se toman sobre él. El arrendatario, por su parte, debe hacer rentable la explotación dentro de un horizonte económico que puede limitar sus incentivos para invertir en beneficios que se manifiestan muchos años después.

En los casos estudiados, el seguimiento de las prácticas de los inquilinos era generalmente bajo. Menos de una cuarta parte de los contratos relevados incluía cláusulas vinculadas con la conservación del suelo o del ambiente, y aun esas disposiciones no siempre se traducían en un control efectivo.

De todos modos, el trabajo no encontró que los campos alquilados recibieran necesariamente menos tecnología que los trabajados por sus dueños. Los rendimientos relevados eran semejantes y las prácticas productivas mostraban similitudes entre ambas situaciones. El problema identificado no era una supuesta inferioridad tecnológica automática, sino la dificultad de asegurar una gestión orientada a la conservación de los recursos en el largo plazo.

El suelo, sin embargo, no es un activo cualquiera. Su degradación puede afectar la productividad futura y generar consecuencias que exceden al propietario y al arrendatario. Allí donde las decisiones privadas producen efectos sobre el ambiente y el territorio, la discusión deja de ser exclusivamente contractual.

El suelo no es un activo cualquiera: su degradación puede afectar la productividad futura y generar consecuencias que exceden al propietario y al arrendatario

GENTE DE CAMPO VS GENTE CON CAMPO

Hay un punto de análisis que debiera ser debatido en Junín y tantos otros distritos del interior y es si la concentración de la tierra también generó la batalla cultural por la cual los habitantes de un ámbito donde la producción agropecuaria sostiene la economía del lugar no sienten esa pertenencia a la ruralidad y por lo tanto se logró desbaratar cualquier proyecto de pequeños y medianos productores, generadores de trabajo genuino.

El Instituto Tricontinental de Investigación Social, en sus trabajos sobre el acceso a la tierra en Argentina, pone el foco en la concentración de la propiedad y de la gestión, junto con la pérdida de explotaciones familiares.

Su enfoque permite ampliar la discusión desde la identidad del dueño hacia las relaciones económicas que determinan quién accede a la tierra, quién la trabaja y qué destino tiene la riqueza que genera.

La extranjerización de la propiedad, la concentración empresarial del uso y la cesión de campos por parte de familias locales son fenómenos distintos, aunque pueden relacionarse dentro de una misma transformación agraria.

En lugar de discutir la tierra únicamente cuando aparece una compraventa, esta tesis permite observar qué ocurre en el interior del sistema productivo cuando las familias dejan de producir, pero conservan sus campos; cuando los arrendatarios incorporan nuevas superficies y cuando el horizonte de una campaña condiciona decisiones que deberían pensarse a largo plazo.

La propiedad sigue siendo un derecho fundamental. Pero no alcanza para explicar por sí sola la distribución del poder económico en el agro, ni para conocer cómo se organiza la producción o quiénes participan de sus beneficios.

En Junín y Pergamino, una parte de esa historia se escribe cada vez que un propietario entrega su campo en alquiler. No necesariamente pierde patrimonio. Puede incluso ganar tranquilidad y reducir riesgos.

La discusión sobre la tierra argentina necesita incorporar esa dimensión. Porque un país puede conservar millones de hectáreas bajo propiedad nacional y, al mismo tiempo, concentrar crecientemente su explotación en menos unidades productivas. Puede evitar una venta al extranjero sin resolver las dificultades que expulsan a las familias de la producción. Y puede celebrar cosechas récord mientras pierde diversidad de actores, arraigo rural y capacidad de decidir qué modelo de desarrollo quiere para sus territorios.

El campo que conocemos puede transformarse profundamente sin que cambie un solo título de propiedad y también generar pérdidas considerables a la economía local y regional.

En el norte y noroeste bonaerense, esa transformación ya tiene una historia que merece ser analizada porque se trata de las ventajas comparativas del distrito, las cuales no pueden ser dilapidadas en perjuicio de los que nos sucederán en el camino de la vida.