El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, lanzó una fuerte advertencia sobre el deterioro actual de la industria argentina y trazó un paralelismo con el final de los años noventa que condujo a la crisis del 2001. Lo hizo al ser consultado sobre el cierre de Papelera del Sur y el despido de 170 trabajadores en la pequeña ciudad de Tornquist

En diálogo con FM La Cielo, el funcionario de Axel Kicillof aseguró que la provincia de Buenos Aires ya registra el cierre de miles de empresas y sostuvo que el país atraviesa un proceso de destrucción de puestos laborales que empieza a traducirse en cierres definitivos y despidos masivos.

“Hay 400.000 trabajadores en este proceso del Gobierno de extrema derecha de Milei que han perdido su fuente de trabajo, más de la mitad son de la provincia de Buenos Aires”, afirmó. A esa cifra sumó el relevamiento del área de Producción bonaerense, que contabilizó unas 8.000 empresas que cerraron sus puertas en territorio provincial. “Estamos en un proceso de industricidio”, sentenció.

Para Correa, la gravedad del escenario tiene una dimensión particular en Buenos Aires, que concentra más del 50% de la industria nacional. En ese marco, cuestionó la política económica de Javier Milei y acusó al Gobierno nacional de priorizar la especulación financiera por sobre la actividad productiva. “Tenemos un Gobierno nacional que se dedica a la timba financiera y manifiesta que la mejor política industrial es no tener política industrial”, disparó.

El cierre de la papelera de Tornquist y el impacto de las importaciones

El caso de Papelera del Sur fue uno de los ejes centrales de la entrevista. La fábrica, que llevaba 53 años en la localidad, cerró definitivamente sus puertas y dejó a más de 170 trabajadores sin empleo, en un pueblo de alrededor de 10 mil habitantes donde constituía la principal referencia industrial.

Correa puso el foco en la decisión de la empresa de abandonar la fabricación nacional de cartulina para reemplazarla por importaciones provenientes de Brasil. “Hay más de 170 laburantes que se quedan en la calle porque la empresa decidió importar la cartulina de Brasil”, resumió.

El ministro cuestionó especialmente la forma en que se comunicó el cierre y sostuvo que la compañía no cumplió con los pasos correspondientes antes de anunciar la desvinculación de todo el personal. El Ministerio de Trabajo intervino de oficio, asistió a la asamblea de los trabajadores y convocó a la firma y al sindicato a una audiencia para que la empresa diera explicaciones.

Correa también mencionó el conflicto de Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento, donde el impacto de la crisis empresarial sobre una localidad tiene características similares a las de Tornquist. Para el funcionario, cuando una compañía constituye una fuente central de empleo en una comunidad, su responsabilidad excede el pago de las indemnizaciones.

El fantasma de 1998 y la advertencia sobre un caos industrial

Uno de los pasajes más fuertes de la entrevista llegó cuando Correa comparó el escenario actual con la crisis que comenzó a profundizarse a fines de los años noventa. Desde su perspectiva, la industria atraviesa una secuencia que ya no se limita a suspensiones, recortes de jornada o adelanto de vacaciones, sino que empieza a traducirse en cierres definitivos, despidos y concursos de acreedores.

“Por una cuestión mía generacional, estamos en el año 98. El proceso de adelantamiento de vacaciones, el proceso de suspensiones, el proceso de recorte de jornada culminó y en el año 98 empezaron los cierres y despidos”, recordó.

La comparación no es menor: el ministro advirtió que detrás de los cierres fabriles también aparecen empresas que recurren a los tribunales comerciales para solicitar concursos preventivos, una señal de las dificultades financieras que atraviesan distintos sectores de la actividad.

Correa cuestionó la Ley de Bases y el RIGI: “No tenemos un solo puesto de trabajo generado” dijo, al repasar las situaciones por las que los empresarios acuden a la cartera laboral.

El titular de Trabajo también apuntó contra los argumentos del Gobierno nacional sobre los efectos que tendrían las reformas económicas y laborales para impulsar el empleo. En particular, cuestionó las expectativas depositadas en la Ley de Bases, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la modernización laboral.

“Impera la realidad de Tornquist, no la de la modernización laboral”, resumió. Y agregó que los empresarios que llegan al Ministerio no plantean la aplicación del RIGI o de las reformas laborales, sino las dificultades económicas y financieras que enfrentan para sostener sus actividades.

El funcionario cerró su diagnóstico con una advertencia sobre la profundidad de la crisis y el riesgo de que las suspensiones y los recortes de actividad deriven en una ola de cierres empresariales. “Vamos a terminar en un caos industrial y te lo dicen los mismos industriales”, concluyó.