La causa judicial por las fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino dio un vuelco clave en la Justicia federal. El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Omar Pleé, solicitó revocar las absoluciones de tres productores agropecuarios que habían sido desvinculados en junio pasado y pidió que sean condenados directamente.

La novedad surge a partir del Dictamen N.º 25.865, firmado el 29 de octubre de 2026. En el documento, el representante del Ministerio Público Fiscal respaldó los recursos de la fiscalía de juicio y de la querella contra el fallo del Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario, apuntando específicamente contra la liberación de Fernando Esteban Cortese, Mario Reinerio Roces y Víctor Hugo Tiribó.

LOS ARGUMENTOS

Para comprender el impacto de este nuevo dictamen, es necesario revisar lo ocurrido el 25 de junio de este año. En aquella audiencia, los jueces rosarinos Elena Dilario, Román Lanzón y Eduardo Rodrigues Da Cruz absolvieron a los siete acusados vinculados directamente con la actividad agrícola: Cortese, Roces, Tiribó, José Luis Grattone, los hermanos Carlos y Hugo Sabbatini, y el peón Cristian Taboada. En esa misma resolución, condenaron únicamente a dos exfuncionarios municipales, Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini, a dos años de prisión condicional por incumplir su deber de fiscalizar las pulverizaciones en la ciudad bonaerense.

En su sentencia, el tribunal había reconocido que los plaguicidas estaban presentes en el suelo y el agua, y admitió el riesgo sanitario para los barrios lindantes. Sin embargo, liberó de culpa a los productores al sostener que los hechos imputados a cada uno no fueron debidamente acreditados de forma individual. Aquella decisión generó un fuerte rechazo entre los vecinos afectados. Sabrina Ortiz, víctima y denunciante histórica de la causa, advirtió entonces que el fallo era apenas una instancia y aseguró que no iban a frenar hasta que dejaran de fumigarlos.

Ahora, en su presentación ante Casación —cuyos detalles fueron difundidos por portales especializados como Naturaleza de Derechos y medios locales como Primera Plana—, el fiscal Pleé cuestionó con dureza el razonamiento de los jueces. Argumentó que el tribunal interpretó de manera errónea la Ley N.º 24.051 de Residuos Peligrosos al exigir la prueba de un daño concreto y exclusivo provocado por cada acusado. Explicó que se trata de una norma de peligro abstracto diseñada para prevenir riesgos antes de que se consume una enfermedad. Además, señaló que en conflictos ambientales con múltiples aplicaciones químicas, la existencia de otras fuentes contaminantes no exime de responsabilidad penal a quienes realizan fumigaciones prohibidas cerca de viviendas.

FUTURO DEL EXPEDIENTE

Con el respaldo explícito de la Fiscalía General, la definición del caso quedó en manos de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. Pleé planteó que los camaristas están habilitados por el Código Procesal Penal para dictar una sentencia condenatoria directamente desde esta instancia superior, evitando así la demora y el desgaste de tener que repetir todo el juicio oral.

Asimismo, el dictamen solicitó revisar el levantamiento de las medidas cautelares que restringían las pulverizaciones en el campo de Tiribó, con el objetivo de resguardar la salud de la población y el ambiente mientras avanza el trámite judicial. De esta manera, el expediente considerado histórico para la justicia ambiental en Argentina ingresa en una etapa decisiva que podría revertir la impunidad denunciada por los habitantes de Pergamino.