La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) manifestó su rechazo categórico a los nuevos lineamientos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el reparto a domicilio.
La entidad advierte que la medida traslada de manera ilegal a los locales gastronómicos la responsabilidad sobre el ordenamiento del espacio público y el accionar de los trabajadores de plataformas digitales.
El conflicto surge a partir de la disposición oficial identificada como IF-2026-47675597-GCABA-DGFIS, mediante la cual el Ejecutivo porteño busca ordenar los servicios de mensajería urbana. Desde la cámara empresarial señalaron que el texto imputa directamente a los establecimientos por la ocupación de veredas y rampas, incluso cuando no existe ningún vínculo laboral, contractual o comercial con los repartidores que esperan los pedidos en la puerta.
Desde APYCE remarcaron que los comerciantes son los primeros perjudicados por la congestión en las aceras, ya que esta situación aleja a los clientes que se acercan caminando. Sin embargo, subrayaron que resulta inadmisible exigirles un resultado sobre el espacio público cuando carecen de facultades legales y operativas para despejar la calle, desplazar vehículos o impartir órdenes a trabajadores que no contratan ni eligen.
En su comunicado oficial, la entidad fundamentó su postura en una serie de puntos legales y operativos:
• Función indelegable del Estado. Sostienen que el control y el ordenamiento de la vía pública es una tarea exclusiva del Gobierno de la Ciudad, la cual no puede ser transferida a los particulares ante la falta de fiscalización estatal.
• Responsabilidad de las plataformas. Apuntan que son las aplicaciones de delivery quienes asignan los pedidos, fijan los tiempos de entrega y determinan dónde deben esperar los repartidores, por lo que las obligaciones deben recaer sobre estas empresas y no sobre los locales.
• Inconstitucionalidad y exceso normativo. Advierten que un anexo dictado por el Poder Ejecutivo local no puede crear responsabilidades por hechos de terceros, una facultad que corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación o, en materia de faltas, a la Legislatura porteña.
• Ausencia de vínculo. Denuncian que la normativa construye una relación jurídica inexistente entre el comercio y el repartidor, imponiendo una responsabilidad objetiva a quienes no diseñaron ni controlan el modelo de negocios de las aplicaciones.
Ante este escenario, APYCE solicitó formalmente al Gobierno porteño que deje sin efecto las imputaciones contra los establecimientos gastronómicos y que ejerza su poder de policía directamente sobre las plataformas digitales. Asimismo, reclamó la convocatoria urgente a una mesa de trabajo conjunta con las entidades del sector para abordar la problemática sin perjudicar la actividad comercial. Finalmente, la asociación adelantó que se reserva el derecho de iniciar todas las acciones administrativas y judiciales correspondientes en caso de que la medida continúe vigente.