La Justicia bonaerense dispuso la prohibición de salida del país para el empresario Leandro Camani, conocido por su participación en el negocio de las fotomultas y titular de la firma Secutrans. La medida fue ordenada el 17 de noviembre por el juez de Garantías Walter Saettone, en el marco de una investigación penal que tramita ante la UFI N° 3 de Pilar y en la que Camani se encuentra imputado por el delito de coacción.
La resolución respondió a un pedido presentado por Claudio Fabián Tapia, presidente de la AFA, quien interviene como particular damnificado con el patrocinio del abogado Gregorio Dalbón. El magistrado consideró acreditados riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento probatorio. Entre los argumentos señaló la capacidad económica y las relaciones empresariales de Camani, que le permitirían permanecer fuera del país, así como su posibilidad de ejercer influencia sobre testigos vinculados con la causa.

Uno de los episodios centrales de la investigación está relacionado con una presunta presión sobre Enzo Ferrari, gerente del Camino Parque del Buen Ayre. Según la imputación consignada en la resolución, Camani le habría exigido mediante comunicaciones de WhatsApp que habilitara la energía de las cámaras de fotomultas de su empresa, bajo amenazas y referencias directas a Tapia. El conflicto habría surgido luego de que el empresario no consiguiera avanzar con la instalación de dispositivos de control en rutas, accesos y predios vinculados al CEAMSE.
El expediente también registra un episodio que llamó la atención del juez: el abogado defensor de Camani reconoció que se había reunido con Ferrari, testigo directo de los hechos, en un café ubicado en el edificio donde funciona la Fiscalía. Para Saettone, esa circunstancia, sumada a las características de la investigación, permite advertir un posible riesgo de interferencia sobre quienes deben aportar información.
La prohibición de abandonar el territorio nacional se mantendrá durante el desarrollo de la investigación. En cambio, el pedido de embargo preventivo y de inhibición general de bienes presentado por Tapia quedó pendiente de resolución para una instancia procesal posterior. La decisión vuelve a poner bajo la lupa judicial el entramado de intereses empresariales, políticos y judiciales que rodea al negocio de las fotomultas, un conflicto que también tiene repercusiones en Mar del Plata.