viernes 20 de noviembre de 2026

LOCALES | 20 nov 2026

NOTA DE TAPA

Cárceles de Junín: una fábrica de estafas

07:14 |Con una fuerte sobrepoblación y un 80% de internos provenientes del Conurbano, las unidades penitenciarias juninenses consolidaron un esquema delictivo que golpea a toda la región. Mientras la Nación ya habilitó el bloqueo tecnológico de líneas e IMEI, en la Provincia reina la indecisión. ¿Por qué nadie le pone el cascabel al gato ante un problema de tal gravedad?


Por: Redacción Semanario de Junín

NOTA DE TAPA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 540 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2026

A más de seis años del inicio de la pandemia de COVID-19, aquella medida excepcional que permitió el ingreso de teléfonos celulares a las cárceles bonaerenses para suplir la falta de visitas presenciales, se transformó en una política de hecho tan permanente como peligrosa.

En el complejo penitenciario de Junín —integrado por las Unidades Nº 13, Nº 16 y la Alcaidía Nº 49—, el fenómeno dejó de ser una anomalía para convertirse en una verdadera industria del delito intramuros.

Aunque ni el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) ni la Procuración General publican estadísticas oficiales que desagreguen cuántos delitos se cometen específicamente desde los penales juninenses, el cruce de expedientes judiciales de las fiscalías locales (UFI Nº 1, Nº 6 y Nº 8), informes del Departamento de Cibercrimen de Pergamino y relevamientos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) permiten trazar una radiografía contundente.

Laius: “es una decisión política y se tendrían que evaluar los costos tanto operativos como las repercusiones sociales que el cambio podría ocasionar en la población carcelaria”

ENTENDER EL PROBLEMA

Para entender por qué las cárceles de la Ruta 188 funcionan hoy como un nodo criminal que irradia delitos hacia Junín, Pergamino, Rojas y Chacabuco, es indispensable observar su estructura demográfica, muy distinta a los tiempos en los que comenzaron a funcionar, particularmente la 13 y la 16, que servían para dar alojar a los privados de la libertad oriundos de la región.

Hoy sin embargo la sobrepoblación es crítica. De acuerdo con los últimos registros penitenciarios y de organismos de control, la Alcaidía Penitenciaria Nº 49 aloja a más de 830 internos en un espacio diseñado para 303 plazas, lo que arroja una sobreocupación del 175%. La media provincial, ya de por sí alarmante, supera el 117%.

Por otra parte, incide lo que se denomina “el factor Conurbano”. Según datos aportados por la Secretaría de Seguridad del municipio, alrededor del 80% de la población carcelaria alojada en Junín proviene del Conurbano Bonaerense.

Este desarraigo no solo dificulta la reinserción sino que provoca el asentamiento de familias enteras en barrios periféricos de la ciudad (como Camino del Resero Norte o San Antonio). Los mismos funcionarios consideran que esta situación genera, supuestamente, redes de apoyo logístico extramuros para recibir transferencias, reducir mercadería robada o ingresar elementos prohibidos.

Alrededor del 80% de la población carcelaria alojada en Junín proviene del Conurbano Bonaerense

EL DELITO INTRAMUROS

Un delito intramuros se refiere a cualquier hecho delictivo que se comete dentro de un establecimiento penitenciario (como una cárcel, prisión o centro de detención). En el ámbito jurídico y criminológico, el término se utiliza para distinguir los actos ilícitos ocurridos en el interior del encierro de aquellos que ocurren en el medio libre (extramuros)

Al analizar los allanamientos ordenados por la Justicia durante el período 2024–2026 en las tres unidades locales, la incidencia de las distintas modalidades delictivas muestra un patrón claro:

-El primer lugar lo ocupan las ciberestafas y phishing (suplantación de identidad) bancario (45%). Esta modalidad dominante está concentrada concentrada principalmente en las UP 13 y 49. Incluye el robo de cuentas de WhatsApp mediante códigos de verificación, enlaces falsos de promociones y el vaciamiento de cuentas hacia billeteras virtuales de terceros, también denominadas "cuentas mula".

-En el segundo puesto de los delitos aparecen las estafas comerciales o "cuento del flete" (25%). Con fuerte presencia en las UP 13 y 16, los internos suplantan la identidad de empresarios o contratistas juninenses. Encargan materiales de construcción, sanitarios o pintura por teléfono y envían fleteros engañados a retirar la mercadería para revenderla en la región.

-En tercer lugar aparece lo que se conoce como “Sextorsión” y amenazas (15%). Acá aparece el montaje de verdaderos “call centers” en los pabellones de las UP 13 y 16 para captar víctimas en redes sociales, obtener material íntimo y exigir sumas millonarias bajo amenaza de viralización.

También ocurren casos de narcotráfico y menudeo (10%), que cuentan con la coordinación telefónica de puntos de venta de estupefacientes en barrios de Junín y distritos vecinos mediante cómplices externos.

Finalmente, el 5% de los delitos graves que aparecen en los peritajes forenses sobre celulares secuestrados en la UP 49 han llegado a detectar redes de distribución de material de abuso sexual infantil operadas desde las celdas.

Los expedientes recientes confirman que la operatoria está lejos de frenarse.

De hecho, la semana pasada, una investigación conjunta entre Cibercrimen de Pergamino y la Policía Federal desarticuló una megaestafa de 11,7 millones de pesos contra una vecina porteña; la ruta del dinero condujo directamente a dos internos de la Unidad 13, quienes se repartieron el botín desde su celda.

Apenas dos meses antes, en septiembre, la UFI Nº 6 allanó la Unidad 16 tras comprobar que un condenado por un crimen de alto impacto en Junín utilizaba un teléfono clandestino para amenazar a una familia local.

A esto se suman las reiteradas estafas a corralones y pinturerías detectadas en marzo en la misma unidad, y el desbaratamiento de una banda de sextorsionadores en la UP 13 hacia fines de 2025.

Cada intento por restringir las comunicaciones choca con una doctrina consolidada en sectores de la Justicia bonaerense y de la Defensa Pública

LABERINTO LEGAL

Para el fiscal juninense especialista en cibercrimen, Martín Laius, hay una solución técnica viable (ver recuadro), sin embargo contando también con la normativa necesaria, los reclamos chocan contra la parálisis política bonaerense.

En abril de 2026, el Gobierno Nacional dictó la Resolución 336/2026 y el ENACOM acompañó en agosto con la Resolución 734/2026, implementando un sistema activo de detección y bloqueo de IMEI, IMSI y líneas telefónicas en las cárceles federales.

A diferencia de los viejos inhibidores de señal que afectaban a los vecinos linderos, esta tecnología bloquea exclusivamente los dispositivos que operan dentro del perímetro penitenciario y habilitó a las provincias a adherir al régimen.

En la provincia de Buenos Aires, sin embargo, el escenario es opuesto. El protocolo autorizado en 2020 por la Sala I del Tribunal de Casación Penal (en el marco de un habeas corpus colectivo) sigue operando como paraguas jurídico para la tenencia de dispositivos.

En el plano político local y seccional, el ahora senador provincial Pablo Petrecca, presentó en abril de 2026 un proyecto de ley para derogar el protocolo pandémico y reemplazar los celulares por telefonía fija controlada, sin embargo los pedidos similares ya llevaban larga data tanto por parte de otro senador del PRO como Alex Campbell e incluso iniciativas de sectores del propio oficialismo renovador como la senadora Malena Galmarini, quienes impulsaron proyectos para prohibir dispositivos e instalar inhibidores.

A nivel local, en julio de 2026, el Concejo Deliberante de Junín aprobó por unanimidad —con el acompañamiento tanto de bloques opositores como de concejales de Fuerza Patria— un pedido de comunicación reclamando al Ejecutivo provincial que limite de inmediato las comunicaciones en los penales.

El ingreso clandestino de teléfonos, chips y cargadores ha sido uno de los negocios más rentables para los eslabones corruptos del sistema penitenciario

¿QUIÉN LE PONE EL CASCABEL?

Si el diagnóstico es compartido por fiscales, intendentes, concejales de distintos signos políticos y asociaciones de víctimas como Usina de Justicia, ¿por qué no se retrotrae la situación a marzo de 2020, se prohíben los celulares y se bloquea la señal?

La respuesta parece no ser técnica, sino que tiene tres facetas: política, operativa y económica.

Existirían cuatro razones de peso que explican por qué ningún funcionario bonaerense quiere asumir el costo de cortar la señal hoy mismo.

La primera es el temor al motín y a la "gobernabilidad" intramuros. En cárceles con un 175% de hacinamiento, la falta de condiciones edilicias, comida o atención médica suele compensarse con permisos informales. Para las cúpulas penitenciarias y el Ministerio de Justicia, el celular funciona hoy como la principal válvula de escape para mantener la paz social dentro de los pabellones.

Quitar de golpe miles de teléfonos en penales superpoblados sin haber resuelto el déficit de infraestructura conlleva el riesgo latente de motines simultáneos, un costo político que ningún gobierno provincial quiere afrontar y menos en este momento de tanta conflictividad social extramuros.

Por otra parte, y también inmersa en el laberinto, está la resistencia judicial y de los organismos de derechos humanos: Cada intento por restringir las comunicaciones choca con una doctrina consolidada en sectores de la Justicia bonaerense y de la Defensa Pública.

En febrero de 2026, por ejemplo, la Sala III del Tribunal de Casación revirtió una prohibición de celulares en centros cerrados de menores argumentando el derecho a la vinculación familiar. Ante esto, cualquier decreto ejecutivo que prohíba los dispositivos corre el riesgo de ser frenado en 48 horas por un habeas corpus colectivo si el Estado no garantiza previamente una red alternativa de teléfonos públicos en funcionamiento, algo que hoy está mayormente destruido o en desuso en los penales.

El tercer escenario lo ocupa “la caja negra” de la corrupción intramuros. Prohibir un bien altamente demandado sin instalar sistemas de bloqueo electrónico (como los detectores de IMEI) solo encarece el mercado negro.

Históricamente, el ingreso clandestino de teléfonos, chips y cargadores ha sido uno de los negocios más rentables para los eslabones corruptos del sistema penitenciario.

Mientras haya demanda y la tecnología de bloqueo no se aplique de forma automatizada, la prohibición en el papel solo multiplica las tarifas de las requisas selectivas.

Por último, debemos considerar la inercia presupuestaria y burocrática. Adherir al protocolo nacional del ENACOM o instalar sistemas de inhibición direccional exige inversión en equipamiento de geolocalización perimetral, auditorías constantes y coordinación entre el Ministerio de Seguridad, el de Justicia y las empresas de telecomunicaciones.

Para una administración provincial acorralada por restricciones fiscales, postergar la decisión resulta menos costoso en el corto plazo que ejecutar una reforma penitenciaria integral.

Mientras tanto, el costo de esa inacción lo pagan los comerciantes, trabajadores y familias de Junín y la región, que siguen financiando, estafa tras estafa, la paz precaria de los pabellones de la Ruta 188.

PALABRA FISCAL

FISCAL LAIUS

SEMANARIO consultó respecto a este tema al Dr. Martín Hugo Laius, fiscal que se desempeña al frente de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 del Departamento Judicial de Junín. Para el funcionario la solución técnica sería sencilla, aunque hay aspectos que requieren una decisión política.

-Ni el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) ni la Procuración General publican estadísticas oficiales que desagreguen cuántos delitos se cometen específicamente desde los penales juninenses.

¿Desde la fiscalía a su cargo se puede trazar alguna radiografía al respecto?

-La Procuración efectúa estadísticas en forma anual. Como fiscales no podemos emitir informes estadísticos parciales, no obstante ello el número de casos de Cibercrimen se incrementa mes a mes, independientemente de su lugar de operatividad. El íntegro de las unidades carcelarias constituyen un espacio concreto más desde el cual se generan estas conductas defraudatorias pero para nada son mayoritarias respecto de otros lugares de comisión. Muchas veces lo que sí se pueden repetir son modalidades concretas que generalmente provienen de esos ámbitos.

-La solución parecería sencilla desde el punto de vista técnico y compleja desde el político. ¿Esto realmente es así?

-La solución técnica entiendo que es posible. La idea tendría que rodear el mantenimiento de las comunicaciones por parte de los internos con sus grupos familiares pero tomando resguardos desde el punto de vista técnico para evitar que los dispositivos utilizados puedan ser instrumentos para cometer hechos vinculados al Cibercrimen. Claramente es una decisión política y se tendría que evaluar los costos tanto operativos como las repercusiones sociales que el cambio podría ocasionar en la población carcelaria.

-Con buena parte de su población oriunda del conurbano, las unidades penitenciarias locales consolidaron un esquema delictivo que golpea a toda la región. Mientras la Nación ya habilitó el bloqueo tecnológico de líneas e IMEI, en la Provincia los proyectos duermen en el Senado y el "protocolo de emergencia" de la pandemia sigue vigente. ¿Por qué nadie le pone el cascabel al gato?

-Realmente no tengo datos sobre el origen de la población carcelaria en Junín. Escapa a mi función brindar detalles sobre el por qué a nivel nacional se toman decisiones en un sentido que no sigue la provincia de Buenos Aires.

PERFIL DEL FUNCIONARIO

Laius ocupa el cargo de fiscal desde diciembre de 2022 y anteriormente se desempeñó como titular de la Secretaría de Cibercrimen en Delitos Económicos de la Fiscalía General de Junín e instructor judicial. Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con posgrados en Derecho Penal (Universidad de Palermo) y en Argumentación Jurídica y Retórica (Universidad Complutense de Madrid). Ejerce como docente en la cátedra de Derecho Procesal Penal en la UNNOBA (Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires).

Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias